La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica alertó ayer sobre la posibilidad de interrumpir el suministro a las distribuidoras, empresas que conducen aquel fluido a los usuarios finales. Un caso testigo de ese riesgo sería la privatizada Central Puerto, que amenaza salir de servicio en el invierno debido a la falta de recursos para importar fuel oil y podría entrar en default por el no pago de su deuda en dólares. Esta presión de la compañía, redoblada después de la devaluación, tiene como objetivo prioritario conseguir una mejora en los precios del sector, compulsivamente pesificados. Pero sin una firme intervención del Estado, el apagón dejaría de ser fantasía.
El negocio de las empresas que producen y distribuyen energía eléctrica es, en relación a otras privatizadas, más acotado y fue declinando desde la privatización de Segba hasta el momento. Edenor, una de las distribuidoras eléctricas capitalinas, asegura que desde 1992 hasta diciembre pasado el precio de su tarifa al usuario final se redujo un 24 por ciento. Las usinas generadoras, en tanto, cobran por su provisión entre 18 y 20 milésima de dólar el kilovatio hora.
El precio de la generación se fija en un singular mercado mayorista, a través de una entidad estatal administradora (Camessa), mientras que el que cobran las distribuidoras está regulado. En ambos casos se trata de valores fijados en dólares que, a partir de la ley de Emergencia Económica, fueron provisoriamente congelados en pesos. Fue un golpe certero para lo que algunos inversores consideraban un negocio poco atractivo: las empresas tienen algunos insumos dolarizados, millonarias deudas en dólares e ingresos limitados en pesos. El riesgo de que muchos de estos adjudicatarios se sumen a la lista de defaulteados que ya integran Metrogás y Telecom es auténtico.
Las distribuidoras (Edenor, Edesur y Edelap) están negociando con el Estado un nuevo cuadro tarifario que les permita corregir esa situación, y el 11 de abril elevarán formalmente una propuesta de ajuste. Pero las generadoras no están incluidas en esta revisión, con el agravante de que su negocio ya se vislumbraba poco seductor desde antes de la depreciación del peso, razón por la que hace rato comenzaron a recortar o suspender programas de inversión.
El ex ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, admitió ayer en declaraciones radiales esa estrategia empresaria a la que las distribuidoras no son ajenas y advirtió que en un año y medio podría haber serias fallas en el sistema. “Suspendieron inversiones hace un tiempo, cuando la economía argentina comenzó a perder credibilidad”, aseguró el ex funcionario.
Con precios no muy atractivos y con una demanda que, a contramano de todas las proyecciones iniciales, empezó a caer, las empresas dejan de invertir, amparadas por una prerrogativa de la privatización. Los contratos no las obligan a un programa de obras determinado sino sólo a garantizar cierta calidad de la prestación.
Central Puerto asegura que no dispone de fondos para importar el fuel oil, insumo imprescindible para reemplazar el gas, cuando este combustible se derive en el invierno a atender la demanda domiciliaria. La usina eléctrica operada por los franceses de TotalFinalElf aporta el 10 por ciento de la energía administrada por el sistema integrado nacional, lo que la convierte en una fuente no despreciable pero tampoco insustituible. El verdadero problema, tal como advirtió ayer Ageea, es que haya una generalizada crisis de la deuda externa o una sucesión de usinas fuera de servicio, lo que equivale al colapso del sistema. En otros términos, si no se aumenta el precio de la energía en los segmentos mayoristas y minoristas y si no se obliga a la ejecución de las inversiones necesariaspara mantener cierta calidad de la prestación, pueden volver los apagones periódicos.
“Devaluar y pretender que las tarifas queden fijas es como contrariar la ley de gravedad”, opinaba ayer el especialista Jorge Lapeña, para quien el Estado no tiene otra opción que intervenir. Para ello dispone de una herramienta legal: la distribución tiene status de “servicio público” y la generación es de “interés para la prestación de un servicio público”.