Avales caídos de la Secretaría de Hacienda, que ésta no le paga al Banco Nación, por una suma ya próxima a los 400 millones de pesos (serían 125 millones de dólares), constituyen un déficit oculto del fisco y una razón para que Price-Coopers, auditores del BNA, le vengan exigiendo a éste la normalización de ese activo anómalo. Sin embargo, aunque funcionarios de línea del banco oficial sostienen que éste debería ejecutar al Tesoro Nacional, la conducción del BNA a cargo de Felisa Miceli juzga “absurdo” promover un litigio judicial contra quien, en última instancia, es el dueño del Nación y además le provee la liquidez de la que éste se beneficia.
Este extraño conflicto es un botón de muestra de los irregulares comportamientos que subsisten en el Estado. Las operaciones involucradas en este caso consisten en importaciones de organismos públicos a los que el BNA abre cartas de crédito avaladas por Hacienda. Los entes, en lugar de pagar esos créditos a su vencimiento, no lo hacen, sabiendo que el Tesoro Nacional deberá hacerlo por ellos. Es una alternativa práctica aunque muy poco ortodoxa de obtener fondos del erario, evitando meandros burocráticos y demoras. Toda esta insensatez se completa con el incumplimiento de Hacienda, que fuerza así al Nación a afrontar la cancelación para evitar que el acreedor extranjero lo declare en default.
Lo cierto es que algún día Hacienda se regularizará, pero no lo hará en efectivo sino con algún plan a 30 años. Mientras tanto, el BNA mantiene en su activo esa acreencia contra el fisco, que es su accionista, y no la ha previsionado, lo cual provoca la inquietud de sus auditores, incluyendo la AGN, de carácter parlamentario. Es diferente, por ejemplo, el caso del crédito contra el Grupo Yoma (un préstamo político concedido por orden de Carlos Menem y Domingo Cavallo), que se mantiene activado en el balance del Nación aunque nadie piensa que jamás vaya a cobrarse. Existe sí, respecto de esta operación espuria, una previsión equivalente en el pasivo.
Otra variante de operaciones que conducían al vaciamiento del BNA son los avales que éste otorgó a la sucumbida Correo Argentino (Macri, Galicia y la CFI) por 16 millones de dólares para el equipamiento de un centro procesador en Barracas. El Nación sigue pagando religiosamente las cuotas, pero no tiene a quién cobrarle. En el caso de los avales de Hacienda arriba mencionados, la mayoría corresponde a Yacyretá, al Ministerio de Salud en segundo lugar (para equipamiento hospitalario), y también a Nucleoeléctrica (Atucha), a fuerzas de seguridad y otras importaciones menores.
Los avales extendidos a favor de la Entidad Binacional Yacyretá se remontan a 1985, y en el Nación no recuerdan que jamás haya pagado ningún vencimiento. La cuestión se puso fea a partir de 1989, cuando Hacienda dejó de hacerse cargo de sus avales. La deuda acumulada se consolidó en 1992, acordándose un plan de cuotas. Ahora se está negociando un arreglosimilar, pero la Secretaría de Finanzas no lo considera una prioridad, dejándolo para después de que se acuerde con los acreedores de la deuda.
Mientras tanto, en la cúspide del Nación se resignan a que ser agente financiero del Gobierno tenga también su costado malo. Y prefieren destacar el bueno: un flotante de unos 4000 millones de pesos que mantiene depositados a la vista el Tesoro en la Cuenta 11 (muy superior al promedio de los ‘90, que fue de 1500 millones), más otros 1500 millones en plazos fijos de los Fondos Fiduciarios. Con una fracción de esa liquidez hacen frente a los avales caídos de Hacienda, y prefieren no hacer olas para no enojar al patrón. “¿Cómo vamos a pensar que son nuestros enemigos si son los que nos dan de comer?”, preguntan.