El presidente de Trenes Metropolitanos, Osvaldo Iglesias, advirtió ayer que la empresa irá a la Justicia en caso de que el gobierno finalmente resuelva rescindirle el contrato de concesión del San Martín, una de las tres líneas que opera el consorcio integrado por Trainmet y Hormas. Según la adjudicataria, el Estado la “discrimina” por no pagarle un ajuste de subsidio otorgado al conjunto de operadoras de trenes urbanos y le adeuda no menos de 30 millones de pesos por diversos conceptos.
Según el ejecutivo, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, les confirmó la voluntad de dar marcha atrás con el contrato de concesión debido a que en los últimos once meses no cumplió con las frecuencias correspondientes en aquella mencionada línea. “Pero no recuerda que en este lapso se cumplió con un diagrama de emergencia, ya que la compañía no contaba con un total de quince nuevas locomotoras, las que fueron incautadas por la Justicia tras la pesificación. Desde hace un mes contamos con ellas y pudimos cumplir rigurosamente con el diagrama aprobado por las autoridades”, se defendió Iglesias.
Pero para el presidente de Trenes Metropolitanos las debilidades del Estado no terminan allí. Por el contrario, tampoco habría cumplido con la obligación de hacer ciertas obras de infraestructura, tal como se comprometió según las pautas originales de la privatización. “Ya hemos presentado proyectos y no nos están aprobando absolutamente nada”, se queja Iglesias, quien advierte que esta semana comenzarán con la electrificación de la línea San Martín, justamente la que está en la picota.
El grupo también opera el Belgrano Norte y el Roca, pero según el gobierno las principales falencias se habrían registrado en el San Martín. Hace un mes el Estado aportó los fondos necesarios para levantar el embargo judicial sobre las locomotoras que el concesionario había comprado a un proveedor del exterior y que dejó de pagar tras la devaluación. Sin embargo esto no aplacó la inquina de Metropolitano, que asegura estar discriminada por la decisión del Gobierno de no pagarle un ajuste en el subsidio dispuesto por la resolución 220 del Ministerio de Planificación y que estaría beneficiando al resto de las compañías, menos a TM.