Mar 15.06.2004

ECONOMíA

El frente acreedor cada vez más duro

Advertencias de Rodrigo Rato, quejas de bonistas y recomendaciones de no aprobación a la llegada al país de la misión del FMI.

El criterio del FMI para decidir su intervención en casos de default varía según el país deudor. Si es Argentina, la participación llega al punto de condicionar la vigencia del acuerdo al avance demostrado en la negociación con los acreedores. Si es Irak, no se involucra. Así surge de las declaraciones de ayer del nuevo titular del Fondo, Rodrigo Rato, quien volvió a presionar para que el gobierno argentino apure un arreglo con los tenedores de deuda. En la misma conferencia, cuando se le preguntó sobre el caso de Irak, señaló que el FMI no tiene nada que decir. El ex ministro de Economía de José María Aznar afirmó que el acuerdo de Argentina con los bonistas es “un elemento esencial” para que el país pueda retornar al mercado financiero. Uno de los representantes de los acreedores, por su parte, acusó al Gobierno de “hacer todo para que pensemos que son ladrones”.
Una misión técnica del organismo inició ayer en Buenos Aires la tercera revisión del cumplimiento de las metas del convenio. Entre ellas, el envío al Congreso de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los objetivos fiscales y monetarios fueron cumplidos holgadamente, pero el FMI podría objetar las demoras en el tratamiento de una nueva Ley de Coparticipación. Y, sobre todo, presionar para que se vuelva a mejorar la oferta a los acreedores. Las próximas semanas estarán marcadas por este tema, con un pedido –o reclamo– del Fondo para que haya, por ejemplo, un pago inicial en efectivo a los tenedores de bonos. La semana pasada, Rato llegó a afirmar que el Gobierno debe alcanzar un acuerdo con “todos” los acreedores.
La misión del FMI “trabajará con las autoridades argentinas para ver cuál es el progreso que se alcanzó en esas áreas (deuda y coparticipación) y cómo proceder en el futuro”, remarcó el titular del Fondo en España, adonde participa de una conferencia por el 60º aniversario del acuerdo de Bretton Woods, que dio origen al FMI y al Banco Mundial.
Además de las reuniones con los técnicos del Fondo, el equipo económico se entrevistó ayer con uno de los representantes de los acreedores: el alemán Stefan Engelsberger, quien consideró que “el gobierno argentino hace todo para que pensemos que son ladrones” y anunció que le pedirá al representante alemán ante el FMI que “no apruebe” la tercera revisión del acuerdo. Además afirmó que “la Argentina nos sigue tratando de mala fe y por lo tanto nos sentimos estafados” porque esperábamos que “el secretario (de Finanzas, Guillermo) Nielsen nos diera un panorama distinto”.
Engelsberger ganó notoriedad tras haber recorrido Buenos Aires en bicicleta y haberse entrevistado con distintas personalidades de la sociedad civil. Ayer, tras su reunión con Nielsen, repartió a la prensa la letra del tango Adiós Argentina. El rechazo de los alemanes a la propuesta argentina para terminar con el default se suma a los ya emitidos por el Comité Global (GCAB) que lidera Nicola Stock, y por los bonistas locales de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd) y de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina (AARA).
Engelsberger dijo que “no volverá nunca más a la Argentina” y comentó que a forma de despedida le dejó una carta a Lavagna, en la que también reprodujo la letra del tango Adiós Argentina.
El ministro de Economía, por su parte, se refirió a las negociaciones con el FMI. Admitió que será casi inevitable pedir un waiver (o dispensa) al organismo por la falta de cumplimiento en el compromiso de lograr un acuerdo con las provincias para impulsar una nueva ley de coparticipación. En cambio, el gobierno podrá mostrar su avance en otro de las metas pactadas con el Fondo, como el envío al Congreso de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, que pone límites al endeudamiento y al déficit fiscal de las provincias. Se trata de una de las demandas históricas del organismo, siempre preocupado por controlar las finanzas de las provincias, para lo que no tiene atribuciones porque sus acuerdos son con los gobiernos nacionales.

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