Roberto Lavagna ha vuelto a extender, esta vez por seis meses, la vigencia de una medida excepcional que favorece a la industria siderúrgica, y por tanto en primera medida al Grupo Techint. Se trata de la retención de 40 por ciento (no hay ninguna otra de nivel tan alto) a las exportaciones de chatarra, cuyo efecto práctico consiste en abaratarles ese insumo clave a las acerías. El mismo ministro fijó por primera vez ese “derecho transitorio” el 7 de enero de 2003 por 90 días, pero al parecer ha resuelto convertirlo en permanente.
A pesar de que el mercado mundial siderúrgico opera con precios record, al borde de su capacidad productiva, con las consiguientes grandes ganancias para las acerías, el ministro Lavagna entiende necesario disminuirle al sector el costo de sus insumos. Este ya ha sido ampliamente beneficiado por el prolongado congelamiento de las tarifas energéticas pesificadas, a pesar de exportar buena parte de su producción. Por otro lado, el acero es el insumo cuyos precios internos más subieron desde la devaluación del peso.
La nueva resolución, 389/04, incluye un curioso artículo segundo en el que se instruye a la Aduana “verificar el valor de las operaciones aduaneras de exportación de los productos incluidos” en esta norma, o sea los “desechos y desperdicios de diversos metales”. Este hincapié parecería redundante, porque se supone que la Aduana realiza esa verificación en todos los casos, salvo que Economía sospeche que no lo hace. Pero la puntillosa preocupación de Lavagna no concluye allí.
Más abajo ordena a la Dirección General de Aduanas instruir “a sus dependencias operativas para que cuando adviertan diferencias de valor sustancialmente diferentes (sic) a las de las operaciones normales, presentándose dudas sobre su veracidad, no autoricen tales operaciones hasta tanto el exportador demuestre que dichos precios no difieren de los valores corrientes de tales productos”. Más allá de las “diferencias diferentes”, cabría presumir que la Aduana conoce los valores corrientes de todos los productos, para así evitar maniobras con la facturación. Economía muestra creer que no los conoce.
Lo que habría originado este bizarro artículo 2 es, según presumen expertos consultados por Página/12, una denuncia de las acerías. Se le habría señalado a la Secretaría de Industria que diversas firmas chatarreras estarían subfacturando las exportaciones para eludir parcialmente la retención, ingresando el resto del verdadero precio por canales no registrados. Cabe añadir que mientras la chatarra paga el 40 por ciento, el acero y los tubos sufren retenciones de entre 5 y 7 por ciento promedio.