La disolución del sistema de jubilación privada y el reestablecimiento de los aportes patronales a niveles de 1993 permitirían al Estado la creación de una jubilación universal, que beneficiaría, independientemente de los aportes realizados, a todos los habitantes mayores de 65 años con el equivalente a una jubilación mínima. Además, generaría los ingresos necesarios para aumentar esta remuneración básica de 280 a 340 pesos mensuales. La propuesta fue plasmada en un proyecto de ley presentado por el diputado Claudio Lozano.
Según los fundamentos económicos del proyecto, el dato más fuerte del actual sistema previsional es que sobre una fuerza laboral de 15 millones de personas sólo aportan 3,7 millones, es decir, algo menos de la cuarta parte del total. A ello se agrega la continua disminución del salario en las últimas décadas, la transferencia de aportes al sistema privado y la reducción de los aportes patronales. El resultado, previsible, es el desfinanciamiento del sistema público y, en consecuencia, las bajas remuneraciones. Está en marcha, entonces, la cuenta regresiva de una verdadera bomba social de mediano plazo, la que estallará, si no se adelantan soluciones, cuando los actuales excluidos y trabajadores en negro alcancen la edad jubilatoria. El proyecto presentado por Lozano, acompañado, entre otros legisladores, por Ariel Basteiro, Alberto Piccinini, María América González y Margarita Stolbizer, busca adelantarse al problema anulando dos de las fuentes del desfinanciamiento actual y garantizando un ingreso mínimo y universal a todos los trabajadores que, por distintas razones, no están cumpliendo actualmente con los aportes.
Luego de un embate inicial contra las AFJP, en el que llegó a hablarse de la disolución del régimen privado, la actual administración bajó los decibeles de la disputa. Al margen de distintas posiciones que se presentan en el debate, algunas cuestiones estructurales planteadas en los antecedentes del proyecto trascienden esa discusión.
- Antes de la reforma de 1993 el porcentaje de aportes sobre los salarios era del 50 por ciento, 17 por ciento a cargo del empleado y 33 por ciento a cargo del empleador. Hoy, en promedio, los aportes son del 32 por ciento. Según la actividad de la empresa, los personales oscilan entre el 13 y el 17 por ciento y los patronales entre el 17 y el 21 por ciento.
- Entre 1994 y 2001, la creación del sistema de AFJP desfinanció el régimen de reparto en un promedio de 3900 millones de pesos anuales. A valores de 2001, el Estado dejó de recaudar en dicho período más de 75.300 millones de pesos. Un porcentaje significativo de estos fondos fue prestado al Estado para financiar el mismo déficit provocado por dejar de percibir los aportes. Los préstamos se realizaron a tasas elevadísimas, permitiendo mostrar a las aseguradoras una rentabilidad ficticia. Además, quienes optaron o quedaron atrapados dentro de las AFJP solo capitalizaron el 67 por ciento de sus aportes. El resto fue filtrado por comisiones sin precedentes.
Por eso, la propuesta es disolver el régimen de capitalización y aumentar nuevamente las contribuciones patronales, aunque con una distorsión demagógica, la excepción del aumento a las empresas de hasta 40 empleados, lo que significa que los empleadores del 47 por ciento de los trabajadores quedarían a salvo del aumento. De acuerdo al cálculo del proyecto, la disolución del régimen privado permitiría recaudar 3600 millones de pesos anuales (300 millones por mes de acuerdo a la Safjp en marzo de 2004), mientras que volver al 33 por ciento las contribuciones patronales para el 53 por ciento de los trabajadores permitiría recaudar un promedio de casi 3800 millones anuales. En conjunto se obtendrán recursos extra por 7400 millones, que permitirían otorgar una asignación equivalente al haber mínimo de 280 pesos a más de 1,2 millón de mayores de 65 años que actualmente carecen de cobertura previsional. Esta medida insumiría 3860 millones anuales. El resto de los recursos se destinaría a subir el haber mínimo a 340 pesos, a 3,25 millones de jubilados, incluidoslos 1,2 millón nuevos. Todo ello, siempre que se recaude lo esperado y la macroeconomía permanezca estable.