Ante el estancamiento de las negociaciones económicas con las naciones más ricas del mundo, los países en desarrollo relanzaron ayer el Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales que vincula a muchos de ellos e invitaron a otros a sumarse a este régimen, con especial interés en que el convite sea aceptado por China: para Argentina no sólo es un seductor mercado potencial sino también el origen de futuras inversiones, incluidas las que se proyectan captar para la flamante empresa estatal de energía Enarsa. Pero esa iniciativa, cuya paternidad Argentina y Brasil amagan disputarse, es más un desafío político hacia los grandes que una propuesta con real impacto económico.
La apuesta estratégica fue formalizada ayer en San Pablo, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (Unctad) y bajo la presidencia del ministro de Economía, Roberto Lavagna. En este escenario se puso en relieve la potencialidad que tiene el comercio Sur-Sur, es decir, de los países en desarrollo entre sí, que entre 1990 y el 2000 pasó de representar el 24 por ciento del comercio mundial al 32.
La ilusión de estimular un régimen creado en 1989 y al que hoy adhieren cuarenta países (Argentina, Brasil, Chile y Colombia entre ellos) es mucha. El titular de la ONU, Koffi Anan, proyectó ayer que una reducción del 50 por ciento en los aranceles que gravan este comercio permitiría acrecentarlo en 15.500 millones de dólares. Un documento del Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería subraya que ese intercambio creció un 120 por ciento en la última década y destaca su singular valor para la Argentina: el 60 por ciento de sus exportaciones bajo este régimen son productos manufacturados.
Pero toda esta potencialidad contrasta con una debilidad intrínseca del sistema, que obliga a extender a todos sus integrantes la ventaja comercial otorgada a uno de ellos. Esta condición hizo que los miembros terminaran retaceando el otorgamiento de facilidades comerciales, relativizando las ventajas del SGPC. Por ello, la intención es fogonearlo sobre una pauta diferente, de modo tal que cada nación pueda obtener una ventaja proporcional a la que ofrece.
Sin embargo, reactivar el sistema tiene un gran sentido político, similar al que tuvo el G 20, grupo que integraron entre otros Argentina, Brasil, China e India y que surgió para oponerse a discutir en el seno de la OMC cualquier tema si las naciones grandes no se hacen más receptivas a los bienes agrícolas.
Las discusiones por el libre comercio están bastante paralizadas, básicamente por la renuencia de los países desarrollados a conceder ventajas comerciales de envergadura similar a la que reclaman. Ocurre con el ALCA, en la Organización Mundial de Comercio e incluso en el terreno del posible acuerdo Mercosur-Unión Europa, que los negociadores de uno y otro bloque siguen presentando como viable lanzar en octubre.
Lavagna, ayer reiteró en San Pablo que “la oferta europea es claramente insatisfactoria”, básicamente porque sólo plantea reducciones sobre la mitad de sus aranceles y, en muchos casos, a esto le suma la imposición de cuotas para comprar los bienes made in Mercosur. El canciller brasileño, Celso Amorín, opinó en similar sentido, al advertir que “no se introducirán enmiendas constitucionales” con tal de cerrar un pacto con Europa. Así aludió a la garantía que espera la Comunidad de que el presidente del Brasil se autolimite en su facultad de cambiar reglas referidas a la inversión extranjera.