El Gobierno confía en que las peleas con el FMI quedarán otra vez en el plano de las declaraciones públicas, sin que por ello corra riesgo la continuidad del acuerdo con el organismo. Por más presiones y disputas, ninguna de las partes pateará el tablero. En función de ese análisis, el Poder Ejecutivo resolvió pagar ayer 320 millones de dólares al Fondo. Por ser un vencimiento de capital, el dinero será reintegrado una vez que el directorio apruebe la tercera auditoría del convenio vigente, que contempla, justamente, la refinanciación de la deuda (los intereses, en cambio, se cancelan). El pago se concretó al mismo tiempo que el portavoz del FMI, Thomas Dawson, volvió a reclamar un pronto arreglo con los acreedores.
Una misión del Fondo se encuentra en Buenos Aires para constatar que el Gobierno haya cumplido con las metas pactadas. Es la tercera revisión desde que se firmó el convenio, en septiembre de 2003. Las dos revisiones anteriores fueron mucho más discutidas. En la primera, incluso, Néstor Kirchner ordenó no cubrir un vencimiento, tensando la cuerda al máximo. La segunda vez, amagó con no pagar, pero finalmente lo hizo. A partir de entonces comenzó a trascender que el Gobierno aumentaría el superávit fiscal para pagarles más a los acreedores. La versión fue desmentida rotundamente, pero tres meses después se confirmó con la presentación de la nueva propuesta a los bonistas para salir del default.
Ahora, a pesar de ese incremento en los pagos programados por la deuda, el FMI sigue presionando, pero el Gobierno sabe que el organismo no tiene argumentos para imponerse. De ese modo, la actual auditoría será superada sin demasiados contratiempos. El único flanco débil para el Poder Ejecutivo es no haber conseguido un acuerdo con las provincias para sancionar una nueva ley de coparticipación, tal como se había comprometido con Washington. Sin embargo, ese incumplimiento no pondrá en peligro la continuidad del convenio.
La relación con el FMI está marcada en este momento por la negociación con los tenedores de deuda. Si la oferta que acaba de hacer Lavagna fuera rechazada masivamente por los bonistas, el FMI volverá a la carga para que la propuesta sea mejorada todavía más. Por ejemplo, con un pago inicial en efectivo. Dawson, el vocero del organismo, consideró sin embargo que “no suena muy creíble” que se vaya a exigir una suba del superávit fiscal a 3,8 puntos del PIB. Esa es una de las versiones que circularon en los últimos días, pero incluso al Fondo le pareció exagerada. La suba del superávit a la que está dispuesto el Gobierno, según anunció, es a 2,7 puntos del PIB, contra el 2,4 actual.
Dawson también dijo que “no somos parte de la negociación” entre el Gobierno y los acreedores privados, “pero sí estamos interesados en ver cómo marcha”. Y siguiendo la línea que marcó a principios de semana Anne Krueger, sostuvo que cerrar la negociación con los bonistas es importante para generar “un mejor clima para las inversiones”. Ayer, el Indec informó que en el primer trimestre de 2004 la inversión creció 51 por ciento frente a igual período de 2003. “Es probable que el FMI no tenga toda la información necesaria (sobre la evolución de las inversiones) y por eso se pronunció de este modo, pero ahora cuando regrese la misión van a tener todos los datos”, replicó con ironía una fuente del Palacio de Hacienda.
El jefe de la misión del FMI, John Thornton, y el delegado permanente del organismo en Argentina, John Dodsworth, se entrevistaron ayer con el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Allí también estuvo el subsecretario de Programación Económica, Sebastián Katz. En uno de los días del fin de semana largo, los dos equipos se reunirán a trabajar con un asado en el medio.