Según surge de las 1200 denuncias que la Oficina Anticorrupción presentó ante la Justicia, el talón de Aquiles de la Administración Pública Nacional es el sistema de contrataciones, donde los controles restringidos a “lo formal” consienten de hecho las transgresiones más comunes, como los pliegos a medida o las compras sin licitación. Pero las faltas no son privativas de la Nación y por ello la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó extender la mira hacia el interior, donde se ejecuta el 60 por ciento del gasto público total. Este programa provincial es competencia del director de Transparencia, Nicolás Raigorodsky, uno de los responsables de la intervención que aquella dependencia intentó e intenta en el PAMI.
–¿Puede decirse que el interior está huérfano de sistemas de control?
–Hay controles pero distintos. Nosotros estamos por instrumentar un programa promovido por la OEA que al evaluar a la Argentina vio que alrededor del 60 por ciento del gasto público es provincial o municipal.
–¿Le preocuparon casos puntuales de corrupción en las provincias?
–La OEA formula un planteo jurídico global, recomendando a las provincias aplicar la Convención contra la Corrupción según sus propios criterios. El Banco Mundial también atiende a la situación en las provincias y no puedo descartar que haya preocupación fundada en algún caso puntual. Hay una percepción de que en ciertas administraciones los controles no están debidamente desarrollados y por eso en 1998 donó para un programa específico 400 mil dólares, de los cuales nos faltan ejecutar 100 mil.
–¿Y qué se está haciendo?
–Nosotros empezamos a trabajar con tres provincias piloto. Mendoza, que está a cargo de la oposición radical y con buenas iniciativas pro transparencia. Corrientes, que tiene una situación institucional particular, y Chubut, que tiene una legislación moderna: hace dos meses creó una oficina de anticorrupción con funciones muy amplias.
–¿Por qué no empezar con provincias como San Luis, Salta o La Rioja, sobre las que hay firmes sospechas de corrupción?
–Lo que pasa es que aquellos gobiernos fueron los primeros en mostrarse interesados. Pero no descarto que en el futuro también lo hagan el gobierno de San Luis o La Rioja. En la Dirección de Transparencia articulamos investigaciones con tareas de prevención y tenemos muy en claro que si hay problemas de corrupción que son estructurales no basta con atacar los casos puntuales.
–Ustedes trabajaron sobre el PAMI en el combate de la corrupción sistémica. ¿Qué pasó allí?
–Desde el 2000 en adelante hubo varias instancias de cooperación con el PAMI. En la época del triunvirato de (Horacio) Rodríguez Larreta, (Angel) Tognetto y (Cecilia) Felgueras trabajamos no tanto en monitoreo de licitaciones sino en generar canales de transparencia para recibir comentarios de oferentes y usuarios sobre las licitaciones para detectar defectos típicos, atribuibles a la corrupción. Algunos se implantaron y a fin del 2001 la Oficina entendió que era la dirección de la obra social la que debía utilizar esos sistemas y tomar otras decisiones, ya que no podemos reemplazar a la conducción. Por esa vía, el PAMI consiguió más información sobre irregularidades de los contratos en marcha y mejoró su calidad de gestión. Ahora estamos de nuevo asistiendo a la obra social en la compra de medicamentos y el PAMI sacó el prepliego por Internet e invitó a los interesados a hacer observaciones.
–¿Ustedes actúan como asesores con opiniones no vinculantes?
–Exactamente.
–¿Cuál es la principal falta detectada en las denuncias que Anticorrupción presentó ante la Justicia?
–Estamos haciendo un relevamiento para detectarla. Pero podría decirse que el tema de contrataciones es el más relevante, con los distintos tipos de transgresiones. Puede ser que un funcionario sea también dueño de una empresa y se compre a sí mismo. Puede haber malversación de fondos y hasta asociación ilícita. Las contrataciones públicas son un verdadero problema.
–¿Cuál es la falencia clave en el sistema de contrataciones?
–Hay problemas diversos. Uno de ellos tiene que ver con la identificación de la necesidad. Se dice, por ejemplo, que se necesitan 100 resmas de papel cuando en realidad se necesitan 10 mil. O, como las leyes permiten una excepción por urgencia, muchas veces se espera hasta último momento para realizar una compra. De un modo u otro termina eludiéndose la licitación pública. También aparece mucho el pliego hecho a mano, generalmente gracias a las especificaciones técnicas.
–¿Y no hay mecanismos internos que bloqueen este tipo de faltas o hay que pensar que en un departamento de compras, por ejemplo, están todos comprometidos en la irregularidad?
–Lo que pasa es que el control se focaliza en cuestiones formales. Entonces nadie puede objetar que se compre una manguera de tantos milímetros, porque eso requiere un análisis de otro tipo: si es estrictamente necesaria en función del uso que se le va a dar. Siempre algo puede hacerse. En 2000 y 2001 trabajamos para desmantelar una cadena muy poderosa de corrupción en la compra de comida para cárceles, que dejaba fuera de juego a muchos proveedores. La comida era producida por el Sistema Penitenciario con precios elevadísimos y ni siquiera le llegaba al preso, porque había un circuito interno de reparto manejado por mafias. Había negocios subalternos de corrupción entre los propios detenidos, con la anuencia de funcionarios. A veces la clave es hacer jugar al propio mercado para que quiebre esas situaciones. Así pudimos reducir a un tercio el costo de la contratación y la comida comenzó a llegar a destino.
–¿Tienen previsto intervenir en las reprivatizaciones que prevé realizar el Gobierno, como la del Correo o el San Martín, por ejemplo?
–Sí. Estamos analizando cómo intervenir. En el caso del Correo el propio decreto de rescate de concesión prevé nuestra intervención, junto a la de la AGN y la Sigen. También estuvimos trabajando con la Unidad de Renegociación de Economía y Planificación para organizar esos procesos. No podremos intervenir en todos pero sí recomendar algunas reglas que deberían respetarse en ese proceso. Ahora estamos analizando las concesiones viales y aún no las ferroviarias. Pero todavía es prematuro hablar de cuáles serán las reglas que sugeriremos respetar estrictamente.