Después de la tragedia minera de la Patagonia, con 14 trabajadores muertos y 43 heridos, el Gobierno decidió intervenir para mejorar los salarios del personal del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. Un decreto firmado por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Julio De Vido dispone que a partir de este mes los operarios que trabajan en el interior de la mina recibirán “una suma no remunerativa y no bonificable” de 250 pesos, en tanto que los que se desempeñan en la superficie cobrarán un adicional de 200 pesos. El decreto no hace ninguna mención al accidente sino que justifica la asignación en que “la crisis económica ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios”.
En el Boletín Oficial de ayer figura otro decreto que sí parece tener vinculación con la tragedia: se confirma la renuncia del interventor del yacimiento, Esteban Loncaric, y se designa a su reemplazante, Daniel Román Peralta. El Gobierno forzó la salida del anterior interventor, aunque sin atribuirle responsabilidades en público.
Luego del accidente en la mina, Kirchner asistió a los funerales de los trabajadores. Ahora, el Gobierno decretó el aumento salarial, que beneficia a los empleados del yacimiento y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz. El costo será asumido por la Nación, para lo que se faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes”.
El hecho de que los refuerzos salariales estén justificados en la crisis económica y en la caída del poder adquisitivo abre un debate sobre el resto de los sueldos de la economía. Hasta el momento, los trabajadores del sector público nacional recibieron sólo 150 pesos de suma fija no remunerativa, beneficio que alcanza a quienes ganan hasta mil pesos. Frente a la acción en Río Turbio surge el interrogante de si el Poder Ejecutivo hará algún movimiento para recomponer otros salarios.
El decreto subraya que en el 2002 y en el 2003 “se fijaron asignaciones no remunerativas para todos los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia (...), y que esas asignaciones fueron un importante factor para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, en especial de los trabajadores de bajos ingresos”.