“Nadie cree que Argentina pueda pagar 16 mil millones de dólares”, sostuvo Horacio Rosatti para responder a las demandas que formularon ante el tribunal arbitral del Banco Mundial las privatizadas. “Eso equivale a todas las reservas de libre disponibilidad que tiene el país”, sentenció el ministro de Justicia desde París, donde participó de las dos primeras jornadas de la audiencia convocada por el CIADI para analizar el reclamo que formuló ante ese organismo la norteamericana CMS, accionista minoritaria de la Transportadora de Gas del Norte. El caso está lejos de una resolución definitiva. Pero, en caso que esta fuera negativa, Argentina prevé pedir su nulidad.
El flamante titular de Justicia viajó a Francia en ejercicio de sus funciones de procurador del Tesoro, cargo que ocupó hasta que la partida de Gustavo Beliz dejó vacante aquel ministerio. El elaboró a principios de año la extensa presentación defensiva contra la exigencia de CMS, que aspira a una indemnización de 260 millones de dólares debido a los presuntos perjuicios que le habría ocasionado a aquella firma gasífera la pesificación y congelamiento de las tarifas.
Ese documento girado al CIADI tuvo como eje el argumento de que a fines del 2001 Argentina tomó algunas decisiones de política económica fundadas en un “estado de necesidad”, que suponía no sólo un desorden económico sino un contundente riesgo institucional. Esa excepcionalidad la eximiría de cualquier perjuicio ocasionado a los inversores por la eventual ruptura de los contratos que se habían firmado con las privatizadas. Esta idea fue una de las que la defensa local reiteró el lunes y el martes en París, para contrarrestar las imputaciones de CMS de haber aplicado una política tan lesiva de sus intereses que resultaría expropiatoria, amén de discriminatoria.
Para Rosatti y su equipo, el país no habría incurrido en ninguna de esas prácticas contrarias a los compromisos asumidos en los Tratados de Inversiones firmados con otros países. No existe expropiación, en la medida en que las empresas mantienen íntegro su capital. Pero tampoco hay discriminación, desde el momento en que la devaluación y pesificación afectaron tanto a empresas nacionales como extranjeras.
Este debate frente al tribunal ad hoc que constituyeron el ex defensor de Augusto Pinochet, Francisco Orrego Vicuña, el brasileño Francisco Rezek y el canadiense Mark Lalone podría pronunciarse sobre el tema el 20 de agosto. En caso de que ese dictamen resultara negativo para la Argentina, difícilmente funde una inmediata orden de pago o eventual embargo, riesgos que el ministro de Justicia argentino descartó de plano. Pero si esto ocurriera, Argentina pedirá la nulidad, basada en vicios formales.
“Hay muchos conflictos procesales. Si hubiera un laudo que no fuera satisfactorio, están dadas las condiciones para pedir la nulidad”, sostuvo desde Europa el funcionario argentino. Entre los aludidos problemas, la defensa argentina incluye el hecho de que CMS haya solicitado el arbitraje del Banco Mundial cuando, al mismo tiempo, es deudor de ese organismo en 200 millones de dólares. La otra idea fuerza es que hay una contradicción en el hecho mismo de que el accionista minoritario pida una indemnización al tiempo que TGN, cuya sociedad integra, está renegociando el contrato de concesión.
Se trata de un caso testigo que si fuera resuelto en forma favorable para la demandante podría animar al resto de accionistas de privatizadas que también solicitaron arbitrajes en el CIADI, bien sea como elemento de presión para forzar una revisión contractual más benévola a sus intereses, bien con el genuino afán de cobrar alguna indemnización y retirarse del negocio.