Aun si el Ciadi hiciera lugar al pedido indemnizatorio de 260 millones de dólares por los presuntos perjuicios que le ocasionó la devaluación a CMS, socia de la Transportadora de Gas del Norte, las arcas públicas tendrían chances de quedar a salvo: no existe ninguna vía, salvo la de la propia Justicia argentina, para ejecutar un temido fallo adverso. Habría sí una presión de carácter político, ya que no abundan antecedentes de países que hayan desconocido los pronunciamientos de los árbitros del Banco Mundial, aunque desde el punto de vista formal éstos no tengan cumplimiento forzoso. Con este horizonte hoy comenzarán a declarar en París los testigos aportados por el Estado argentino para justiticar por qué se alteraron los contratos con las privatizadas.
El ministro de Justicia y aún procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, llegó ayer de Francia, donde el resto de su equipo quedó a cargo de la defensa de la posición argentina frente al triunvirato de árbitros designados ad hoc para analizar el pedido de CMS, erigido de hecho en un caso testigo de las demandas contra el Estado argentino que presentaron los accionistas de las empresas privatizadas. Durante las audiencias parisinas, el funcionario señaló casi como al pasar que los dictámenes del Ciadi no son “vinculantes”, aludiendo así a la esperanza última de la defensa argentina para eludir reclamos multimillonarios.
Lo cierto es que el laudo producido en aquella instancia internacional sólo podría ejecutarse obligatoriamente si fuera luego ratificado por la Justicia argentina, ya que no hay otra vía para obligar al Estado a pagar una eventual indemnización. Y, según especuló hasta ahora el procurador del Tesoro, los tribunales locales pueden ser más permeables al argumento de que a fines de 2001 el país se hallaba en un estado de “emergencia”, que lo obligó a tomar algunas de las medidas que las privatizadas señalan como perjudiciales, empezando por la devaluación, pesificación y congelamiento de las tarifas.
En algún momento, Rosatti también especuló con buscar alguna fórmula que involucrara indefectiblemente a los accionistas mayoritarios en el resarcimiento pedido por CMS, que tiene poco más del 20 por ciento del paquete. Esto hubiera transferido la carga al grupo integrado por Techint, Compañía General de Combustibles, la francesa Total y la malaya Petronás, que tendrían que haber atendido las aspiraciones de su socia, hoy deseosa de recuperar íntegra la inversión hecha en TGN.
Pero por ahora no parece existir un mecanismo que obligue a los unos a responder ante la otra, aunque el tema no puede eludirse en la mesa de discusión abierta con el Gobierno, ya que TGN está renegociando su contrato de concesión con miras a continuar en el negocio.
El supuesto refugio de la Justicia local o la eventual intervención de Techint y demás accionistas serían recursos de última instancia para enfrentar un dictamen que los abogados argentinos se esmerarán por que resulte favorable. Para ello los testigos estatales reforzarán desde hoy las ideas ya expuestas por Rosatti, quien justificó la desdolarización de las tarifas, argumentando que con la derogación de la Ley de Convertibilidad (a principios del 2002) el precio de los servicios públicos habría quedado automáticamente desvinculado del dólar. En esta línea intervendrían, entre otros, el ex ministro Jorge Remes Lenicov, su secretario legal y técnico, Eduardo Ratti, o la decana de asuntos internacionales de la Universidad de Nueva York, Anne Marie Slaught.
Para seducir a los árbitros, el ministro también se inmiscuyó en el negocio de TGN, a su juicio no vulnerado por la devaluación, en parte porque, según estimó, el 30 por ciento de sus ingresos proviene de las exportaciones y, por lo tanto, se engrosaron con un dólar caro, al tiempo que se abarataban sus insumos medidos en moneda dura. También le vino bien un informe del ente regulador (Enargás) previo a la crisis, donde se alerta sobre el alto nivel de endeudamiento de la empresa, que exige unresarcimiento para enfrentar las obligaciones que TNG contrajo con el exterior.