Jorge Remes Lenicov, quien fuera ministro de Economía al momento de tomarse la decisión formal de salir de la convertibilidad, defendió ayer ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial que sesiona en París, la opción de adoptar un tipo de cambio flotante. Fue en el marco del proceso iniciado contra la Argentina por la firma CMS, accionista de Transportadora de Gas del Norte (TGN), que demanda una indemnización de 260 millones de dólares por los perjuicios que le habría provocado la pesificación tarifaria. También declaró Cristian Folgar, actual subsecretario de Combustibles. Para hoy se esperan los testimonios de Gustavo Simeonoff, titular de la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos; de Fabián Bello, especialista del Enargas, y de Anne Marie Slaughter, decana de asuntos internacionales de la Universidad de Nueva York. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, confirmó que viajará a Francia y no dejará el caso en manos del nuevo procurador, Osvaldo Guglielmino.
Las exposiciones de ayer estuvieron centradas en la justificación de la pesificación. Si bien puede resultar absurdo que un tribunal internacional juzgue las decisiones de política económica de un Estado en particular, en este caso el argentino, se trata de una de las tantas consecuencias de haber resignado, durante el proceso de privatizaciones de las empresas de servicios públicos, la soberanía jurídica. El Ciadi no posee mecanismos efectivos para que la Argentina pague efectivamente un fallo desfavorable, el que no obstante podría resultar políticamente adverso, de allí el empeño puesto por los funcionarios argentinos en demostrar que la pesificación se adoptó en el marco de una situación de emergencia.
Quien fuera el primer ministro de Economía de Eduardo Duhalde argumentó que la decisión de pesificar fue tomada en un contexto de “Estado de necesidad”. Las preguntas del tribunal estuvieron destinadas a indagar por qué en vez de adoptar un tipo de cambio flotante, que redundó en una devaluación de más del 70 por ciento, no se optó por una nueva convertibilidad o, en su defecto, una dolarización. La respuesta de Remes Lenicov fue que una dolarización, que no registra antecedentes exitosos en ningún lugar del mundo, hubiese generado “otros 2 millones de pobres”. En todo momento, el ex ministro intentó argumentar que la decisión no se tomó en el vacío sino que fue el resultado de una situación crítica y extrema. En rigor de verdad, la teoría económica demuestra que ningún tipo de cambio puede mantenerse indefinidamente sobrevaluado si no tiene como contrapartida una constante entrada de capitales, cuestiones que no formaron parte del debate.
A su turno, Folgar detalló los marcos regulatorios de las privatizaciones gasíferas, cuyo espíritu garantizaría que las tarifas, antes que mantenerse dolarizadas, deben ser “justas y razonables”. En su argumentación, sólo se justificarían tarifas dolarizadas en el contexto de la convertibilidad. “La pesificación lleva intrínseca la renegociación de los contratos”, concluyó.
También ayer la demandante CMS presentó una medida cautelar para que se respete la “confidencialidad de los actos”, una disposición del Ciadi según la cual no pueden darse a conocer a la prensa las discusiones y presentaciones ante el tribunal. Adelantándose a la resolución sobre el particular, que debería dar a conocer hoy el Ciadi, Rosatti sostuvo que la disposición de ningún tribunal puede estar por encima de la Constitución Nacional, “que en sus artículos 1, 14, 33” consagra tanto la publicidad de los actos de gobierno, a la que están obligados los funcionarios, como el derecho a publicar ideas por la prensa.
A última hora de ayer, fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que Rosatti retornará a la capital francesa para presentar el alegato final los días 19 y 20 de agosto próximos. Las fuentes descartaron así los rumores de que el ministro abandonaría su participación en el proceso, en el que trabaja desde hace más de un año.