“La Iglesia Catedral de San Juan informa que no se realizará la celebración anunciada para el próximo día sábado por la mañana para pedir por el buen uso de los recursos naturales. Al mismo tiempo, sugiere buscar los espacios apropiados para el correcto planteamiento de estos objetivos. Sin evadir nuestra responsabilidad social en este importante tema de la minería en la provincia, estimulamos al diálogo y al compromiso sincero de todos los actores involucrados en los aspectos referidos a la cuestión minera y la explotación de recursos naturales que conforma un tema amplio, complejo e importante para el desarrollo sustentable de las riquezas de nuestra Provincia de San Juan.” El bando lleva fecha (jueves) 5 de agosto de 2004. Lo firma el presbítero Juan José Leiva, y ostenta un sello oval que reza “Parroquia San Juan Bautista. Catedral de San Juan”.
El domingo 8, en la sección Deseconomías del suplemento Cash de Página/12, se podía leer un texto, anunciado en tapa como “Monseñor y las minas” y firmado por este mismo cronista, en el que se refería una audiencia que el cardenal Jorge Mario Bergoglio había concedido al secretario de Minería, Jorge Mayoral, a la sazón sanjuanino. El encuentro había sido calificado por una publicación sectorial llamada “Panorama Minero” como “de real importancia” para esa actividad. Mayoral declaró a ese medio: “Tendremos en Bergoglio un aliado muy fuerte para seguir trazando políticas que promuevan el desarrollo de nuestro sector”. Parece que es así nomás.
Fuentes de la provincia, que consultó Página/12, no abrigan duda alguna: lo que Mayoral fue a pedirle a Bergoglio –dicen– es que impidiese la celebración de la “misa ecológica”. Esta iniciativa había sido lanzada a fines de junio por la local Radio AM Las 40. El arzobispo de Buenos Aires habló con el cura Leiva, y el oficio religioso fue eliminado de la agenda. Ante la prohibición, los organizadores optaron por manifestar frente a la catedral mediante una concentración que tuvo como lema “Defensa de la vida, del medio ambiente y de la producción de San Juan”. Allí se expresaron representantes de los viñateros, los productores de ajos, ATE, CTA, empresas de turismo, universitarios de la UNSJ, etc. Rodolfo Mó, presidente de la Federación de Viñateros, dijo: “No queremos la destrucción de la cordillera y que quede un pueblo enfermo.”
La gestión de Mayoral ante Bergoglio buscó disociar a la Iglesia de los movimientos de resistencia a proyectos mineros. Su objetivo inmediato era desactivar la mencionada misa a pocos días de que los cancilleres de Chile y la Argentina firmasen una serie de protocolos encuadrados en el tratado de integración y complementación minera entre los dos países, que rige desde 2001. Esto sucedió ayer exactamente. Ahora el objeto central es el proyecto de Pascua-Lama, situado a ambos lados de la montañosa frontera entre San Juan y Atacama, y que debería producir oro y plata. A uno y otro lado de la cordillera lo explotan compañías subsidiarias de la canadiense Barrick Gold Corporation.
Marcos Barragán, uno de los organizadores de la frustrada misa, se quejó de haber sufrido “quizás el atropello más grande e inesperado en nuestra provincia”. Luego de haber acordado con el padre Leiva la celebración del oficio, éste revocó su decisión tras la llamada de Bergoglio. “Esto es aberrante pero cierto –se duele Barragán–. El asombro que hay hoy en San Juan es impresionante.”
El 27 de junio, la Pastoral Social de la Diócesis Bariloche difundió un severo documento sobre la cuestión minera en Río Negro, que es en buena medida extensible al resto del país. En él expresa que “quiere solidarizarse con los actores más débiles afectados por la actividad minera”. En una sección del documento se pasa lista a los impactos ambientales:
- Uso excesivo de agua. Se chupan el agua, y no la hay en la meseta para la cantidad que estos megaemprendimientos requiere. El agotamiento de las fuentes de agua ocurre ya desde la exploración.
- Polvos en suspensión, con todas las enfermedades broncopulmonares.
- Daños paisajísticos.
- Uso de mercurio y cianuro. Aquel permanece en los sedimentos por mucho más tiempo que el cianuro y se bíoacumula a través de las cadenas alimentarias. Es muy tóxico para la fauna acuática.
- Drenaje ácido de las minas. El azufre de las rocas, al ser molidas para el tratamiento con mercurio o cianuro, toma contacto con el oxígeno del aire o el disuelto en el agua, generando ácido sulfúrico. Este a su vez disuelve las rocas y arrastra los metales pesados, que luego se acumulan en la flora y en la fauna.
Los autores se preguntan qué le queda al país, más allá de los puestos de trabajo que generen los proyectos y cuyas condiciones juzgan desfavorables. Por ley, el 3 por ciento del valor del mineral va para el Estado. Esto es menos, por ejemplo, que el 5 por ciento de reintegro adicional que reciben las exportaciones si salen por puertos patagónicos. Las compañías de este sector son las únicas que pueden retener íntegramente en el exterior las divisas logradas con las exportaciones. También son las únicas que tienen garantizado que por 30 años no se les suben los impuestos.
La Pastoral Social considera que, en general, se protege y beneficia mucho más a las compañías mineras que a los dueños del suelo, y que son muy bajos los beneficios por canones y regalías que quedan para el Estado. También sostiene que “los emprendimientos mineros afectan gravemente el desarrollo y la supervivencia de las comunidades indígenas”, pero suelen comprar su aquiescencia con “el otorgamiento de dádivas y regalos”. Indica asimismo que “por falta de títulos de propiedad y por mal desempeño del Estado nacional y los provinciales, en los hechos no se cumple lo que dicen la Constitución Nacional (que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas) y la Organización Internacional del Trabajo (que en su Convenio 169, que la Argentina ratificó por ley, obliga a consultar a los pueblos interesados respecto de los perjuicios que sufrirían y darles participación, siempre que sea posible, en los beneficios, además de indemnizarlos por los daños)”.
Como bien señaló Mayoral, “en los lugares más alejados, donde se desarrolla la minería, la gente es fuertemente creyente, gracias a Dios”. De hecho, en San Juan la Iglesia tiene mucha gravitación, y la Secretaría de Minería se propuso impedir que, a través de sus miembros más comprometidos con los problemas sociales, esa institución dificultara los emprendimientos. Sobre el tapete está ahora el de Pascua-Lama, en la región del Valle del Cura (¿sólo coincidencia?). Barrick Gold Corporation ya construyó un túnel desde el lado chileno (Pascua), que comunica con la Argentina. Esa compañía es una multinacional minera con base en Ontario, dos de cuyos cuatro megaproyectos (Lama y Veladero) están situados en San Juan. Comparativamente, son proyectos mucho más grandes que el de Meridian Gold en Esquel, que generó tanto oposición.Respecto de los dos proyectos preocupa a los pobladores la gran utilización de cianuro para el proceso llamado de lixiviación. Concejales de Jáchal, por ejemplo, condenaron en una declaración pública al uso de ese tóxico en Veladero, situado en la localidad de (¿otra coincidencia?) Iglesia. El gobernador José Luis Gioja recomendó que “dejen de ver fantasmas”. Por su parte, la Cámara Minera de San Juan respondió con dureza al documento de la diócesis de Bariloche, a cargo de monseñor Fernando Carlos Maletti, acusándolo de “condenar a los pueblos y retrotraerlos a la edad de las cavernas... Chile desde hace más de cien años es minero y tiene en sus valles una excelente actividad agropecuaria”. Calificando de “absolutamente irresponsable” al texto de la Pastoral Social, los empresarios resaltan, entre otros beneficios para el país, los impuestos que pagan, la actividad que generan y la infraestructura que crean. El documento barilochense sostiene, en cambio, que las obras de infraestructura (energía, caminos y transporte) que benefician a las compañías mineras casi siempre las paga el Estado.
El mismo pronunciamiento intenta de todas formas sostener una posición equilibrada. Dice que las autoridades de las provincias deben “ponerse del lado de la verdad y de la ley, es decir de la justicia, y no de las compañías mineras”, pero también que la población afectada no debe dejarse instrumentar por sectores que pueden aparecer como defensores de sus derechos, pero con “actitudes inflexibles, opuestas a todo diálogo, debido quizás a prejuicios antimineros que asumen como principios”.