El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio uniforme para todos los servicios públicos, un paso con el cual apunta a redefinir las relaciones con las empresas privatizadas. De acuerdo con el resumen entregado por las autoridades y lo dicho en la conferencia en la que se efectuó el anuncio, el proyecto no avanza en la creación de un superente que sustituya a los actualmente existentes por sector, aunque deja abierto el espacio a un “órgano de control que deberá ser creado por ley”. Tampoco avanza muy a fondo en materia de tarifas, pero define que quedará prohibido todo “ajuste automático” (indexación) o cualquier tipo de alteración ligado a factores externos (cotizaciones internacionales o paridad cambiaria). Con respecto a la vinculación entre las definiciones de este marco regulatorio y las renegociaciones actualmente en curso con las privatizadas, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia definió que “este marco es una referencia” para las negociaciones.
A partir de la sanción legal del régimen presentado ayer, “la totalidad de los servicios públicos quedarán sometidos” al mismo. La norma establece “el acceso universal de todos los usuarios” a cualquier prestación que se defina como servicio público, como propósito de los principios rectores del sistema, fijando además “pautas de explotación económica, conforme tarifas justas y razonables”. Para ello, se promoverá “una mayor presencia de las asociaciones de consumidores” para tender hacia una mejor protección de los usuarios y la defensa de la competencia. Además, el nuevo marco regulatorio incorpora el concepto de “servicio solidario” para dar cobertura a quienes sean considerados indigentes.
El proyecto crea un fondo solidario integrado por un aporte del Estado equivalente, como máximo, al valor del IVA que integra la factura, una tasa del dos por ciento “a aplicar a todas las facturas de los servicios comprendidos en el presente régimen” y un aporte empresario consistente en el “diez por ciento del beneficio otorgado en factura al usuario”. La calificación de indigencia –y por tanto, de beneficiario de estos descuentos– será potestad del Ministerio de Desarrollo Social.
En el capítulo de tarifas, el proyecto utiliza las habituales fórmulas amplias y sujetas a cualquier interpretación (“deberán ser justas y razonables, dentro del marco del riesgo empresario, posibilitando la continuidad del servicio...”, etc.). Pero agrega una restricción a la metodología para el ajuste, al prohibir expresamente el ajuste automático de las mismas. “Sólo podrán ser alteradas teniendo en consideración los costos reales incurridos y previstos y las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas, y conforme requisitos de mejoras en la eficiencia, motivos estacionales, expansión del servicio, razones extraordinarias e imprevisibles y de neutralidad tributaria.” Estas disposiciones “resultarán de aplicación a las revisiones posteriores que puedan realizarse una vez completado el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos” actualmente en curso.
El secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, al explicar el texto junto al ministro de Planificación, Julio De Vido, señaló que con la modificación a los criterios de ajustes tarifarios “se tiende a favorecer el papel de los derechos internos nacionales, y no por ello se abandona la posibilidad de una renta razonable para las empresas que invierten en servicios públicos”. “El cambio central es que no va a estar ligado a ninguna economía externa, sino que va tener relación directa con costos internos en la Argentina”, reiteró poco después.
Por otro lado, Zanini aseguró que una vez finalizadas las renegociaciones de los contratos con las empresas prestadoras que se llevan a cabo en los ministerios de Economía y Planificación, la idea es que “confluyan en el régimen que fija esta ley, el cual no elimina ni adelanta una discusión sobre tarifas, sino que establece los criterios con que serán fijadas las tarifas en el futuro”. Por su parte, De Vido reconoció que están en diálogo con las empresas concesionarias de los servicios públicos, pero aclaró que el Gobierno “no buscó” el consenso de esas firmas para redactar este proyecto. “Tenemos diálogo permanente con todas las empresas, pero no buscamos consensos con las empresas, sino con los sectores sociales como usuarios, consumidores y algunas universidades como el caso de Flacso”, concluyó.