El anuncio del nuevo Régimen Nacional de Servicios Públicos provocó debates de interpretación, en especial en algunos de sus aspectos más sensibles, como los vinculados con los aportes que los distintos sectores deberán hacer al Fondo Solidario, cuyo objetivo será el financiamiento de la tarifa social. Pero la novedad no fue sólo la tarifa social, sino que las empresas prestatarias no podrán cortar el servicio de los usuarios indigentes aunque éstos no paguen. Otro elemento polémico se vincula con los entes de control, los que, según el nuevo marco regulatorio, deberán contar con “veedores de los trabajadores de los prestadores”, lo que fue interpretado por algunos analistas como una concesión a los caciques sindicales.
La subsecretaria de Defensa de la Competencia y el Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, aclaró a Página/12 que el nuevo Fondo Solidario será regido por el principio de “todos ponen”. En el reparto, a los usuarios les corresponderá un aumento en sus tarifas del 2 por ciento; el Estado, por su parte, colaborará con la bonificación del 21 por ciento de IVA, en tanto que las empresas bonificarán otro 10 por ciento.
En pocas palabras, el fondo estará conformado básicamente por el aporte del 2 por ciento sobre el total de la facturación, una cifra no menor que surgirá del aumento tarifario y cuyo justificativo es la solidaridad. En tanto, las empresas y el Estado no harán aportes globales, sino que “bonificarán” las tarifas de los sectores de menores recursos, una porción menor de la facturación total.
Vaca Narvaja confirmó a este diario que el Fondo Solidario no tendrá por objeto solamente el financiamiento de la tarifa social, sino que también cubrirá la tarifa completa de los usuarios que el Ministerio de Desarrollo Social determine que no están en condiciones de afrontarla.
De acuerdo con el artículo 16 de la nueva norma, en el capítulo sobre las “obligaciones del prestador”, las empresas deberán “continuar brindando servicio a todo usuario en caso de verificarse manifiesta incapacidad de pago y que la interrupción afecte las condiciones básicas esenciales para la subsistencia, conforme los términos que establezca la reglamentación”.
Algunos voceros empresarios consultados sobre la imposibilidad de cortar los servicios a los indigentes prefirieron no emitir opinión. Otros, en cambio, sostuvieron sin dudar que este punto de la ley “no va a pasar por el Congreso”.
La situación abre algunas alternativas de compleja resolución. La primera es la reglamentación de quiénes son los que efectivamente no pueden pagar. La segunda es quién paga. Según Vaca Narvaja, estas facturas serán afrontadas por el Fondo Solidario, lo que, en el peor de los casos, para las empresas serán sólo demoras en el período de cobro, una alternativa superior a no cobrar. Una cuestión adicional que en este punto generará debate al momento de establecer la reglamentación es cuál será la “cantidad” del servicio que se les brindará a quienes no paguen, por ejemplo de “electricidad”.
En términos generales, Vaca Narvaja consideró que “auxiliar a los consumidores de menores ingresos” es una “reivindicación histórica” de las asociaciones de usuarios, de las que “yo participé en su momento”. Consultada sobre la modalidad que se empleará para verificar si un usuario puede o no pagar sus tarifas, sostuvo que ya existe “una experiencia concreta que tiene que ver con una tarifa social que se está brindando a través de Aguas Argentinas”. La aplicación de esas tarifas se hace “en base a un trabajo económico social, de asistencia social, a partir de una demanda que se verifica teniendo en cuenta los ingresos de la gente”, concluyó.
El otro punto novedoso es la inclusión de “veedores de los trabajadores de los prestadores” en los entes de control. Para algunas fuentes sindicales, antes que un claro avance en la democratización de los entes, se trata de una concesión hacia los jerarcas cegetistas. En este sentido destacan la conducción de Oscar Lescano en Luz y Fuerza o de José Luis Lingeri en Obras Sanitarias. Si la nueva ley se aprueba, estos gremios podrán tener participación en los entes de control.