Con un criterio acertado, el Gobierno ha concentrado sus anuncios en tres áreas muy sensibles: obras públicas, a cargo del Ministerio de Planificación; planes sociales, en cabeza de Desarrollo Social; y programas de salud gestionados por el ministerio homónimo. Pero, como siempre, una cosa son las (buenas) intenciones y otra los hechos. El último informe de la Asociación de Presupuesto Público (ASAP), una entidad que reúne a los máximos expertos locales en contabilidad pública, advierte que durante el primer semestre del 2004 hubo una preocupante subejecución de partidas presupuestarias en esos tres ministerios: Planificación Federal (Julio De Vido), Desarrollo Social (Alicia Kirchner) y Salud (Ginés González García). Es decir, el dinero estaba pero no se utilizó.
Entre enero y el 30 de junio último, corte exacto del primer semestre, el Ministerio de Planificación ejecutó el 34,5 por ciento de las partidas que tenía asignadas; Salud, el 35,3 por ciento; y Desarrollo Social, el 36,5 por ciento. Se supone que hacia mitad de año debería gastarse alrededor del 50 por ciento del presupuesto, porque si no no habría forma material de volcar a la sociedad la totalidad de los fondos públicos autorizados por el Congreso para todo el año. De hecho, a nivel general, la ejecución del gasto público fue del 48 por ciento, muy cercana a aquella meta.
En las tres áreas mencionadas, “...los porcentajes de ejecución lucen reducidos a la luz de la importancia de los programas presupuestarios incluidos, y de la relevancia que le otorgó el Congreso al aumentar las partidas presupuestarias en esos ministerios”, dice la ASAP.
En los tres casos, en la primera mitad del año se gastó, en pesos corrientes (sin descontar el efecto inflacionario que, por ejemplo en la construcción, fue relevante) más que el año pasado, debido a los fuertes incrementos presupuestarios votados por el Congreso. Sin embargo, lo erogado fue muy inferior a los recursos disponibles. En concreto, en las arcas públicas quedaron 1212 millones de pesos que los tres ministerios podrían haber traducido en obras (por 632 millones); planes sociales (por 348 millones), y de salud (por 232 millones).
En la década del noventa, Domingo Cavallo recurrió a la “subejecución” presupuestaria como estrategia. El ex ministro de Menem apelaba a esa política para recortar en la práctica el gasto público y cumplir así con las metas fiscales acordadas con el FMI. Entonces, la Secretaría de Hacienda “pisaba” los fondos asignados a cada ministerio para regular la canilla del gasto. No importaba que el dinero financiara programas sociales indispensables o egresos superfluos. Así, por ejemplo, en 1995, en plena crisis del tequila, Alberto Massa, olvidable ministro de Salud, aceptó subejecutar partidas del plan materno infantil –que distribuía leche entre madres carenciadas– y ese año, por primera vez en décadas, aumentó la mortalidad infantil.
Hoy, con un superávit fiscal record, nadie cree que la subejecución responda a una estrategia. La causa radicaría en otro motivo, tradicional en ciertas áreas del Estado: las dificultades para gestionar el gasto público, una vez que los anuncios más ambiciosos deben transformarse en realidad. “A algunos ministros hay que despertarlos con 10 despertadores”, se quejó semanas atrás, públicamente, el presidente Kirchner. ¿Quién se habrá sentido aludido?