El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, terminó de definir ayer, junto el jefe de la misión del FMI, Anoop Singh, el esquema que utilizará el organismo para forzar a las provincias a realizar el ajuste. Según reveló ayer Gabrielli, los gobernadores tendrán hasta el 3 de mayo próximo para suscribir un acuerdo bilateral con la Nación, si es que quieren recibir asistencia financiera del FMI u otros organismos internacionales. Y veinte días después deberán mostrar que están en marcha los “cambios” que pretende Washington: un drástico ajuste; no emitir más bonos y renegociar la deuda. Recién entonces, Washington le daría el “okay” a Remes Lenicov para otorgar a cada jurisdicción ayuda financiera en pesos. Quien se quede fuera de ese esquema, enfrentará un pequeño problema: no tendrá otra que seguir pagando sueldos y proveedores con bonos; pero éstos, al ser desconocidos por la Nación –que no los aceptará para pagar impuestos nacionales–, se depreciarán rápidamente.
Como es sabido, en los últimos días el Fondo Monetario presionó a la administración Duhalde para que ésta, a su vez, presione sobre los gobernadores para suspender la emisión de bonos provinciales. Ese era el camino más simple que encontró Washington para obligar a las provincias a ajustar. Si no emitieran más bonos, la mayoría de los gobernadores no podrían pagar sueldos y no les quedaría otra que recortar salarios o despedir empleados públicos.
Sin embargo, la férrea oposición de los gobernadores, en especial de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, logró arrancarle una mínima concesión al Fondo: Washington aportaría los fondos para financiar la transición, mientras se va aplicando el ajuste y se cierra la canilla de los bonos provinciales.
Pero como en el Fondo nada es gratis, tras reunirse con Anoop Singh, Gabrielli planteó ayer cuáles serán las estrictas condiciones que deberán cumplir las provincias que quieran recibir un salvavidas. Hasta el 3 de mayo, los gobernadores tendrán tiempo para firmar un acuerdo bilateral con la Nación comprometiéndose a:
- Reducir el déficit fiscal durante este año en un 60 por ciento.
- No emitir más bonos para financiar desequilibrios.
- Normalizar la situación de la deuda flotante.
Luego tendrán hasta el 24 de mayo para demostrar que están en línea con esos objetivos. Entonces, recién a partir de junio, la Nación estará en condiciones de distribuir un paquete de 2000 millones de pesos entre las administraciones que sintonicen la onda del ajuste. Esos fondos, a su vez, estarán calzados con un préstamo de 700 millones de dólares que llegaría de Washington, específicamente atado al programa de ajuste provincial.
La auditoría de las metas quedará en manos de la Nación y el eventual incumplimiento no pondrá en riesgo el acuerdo general con el FMI, sino el plan de asistencia para la provincia descarriada. Claro que Remes Lenicov no realizará la auditoría solo: un delegado del Fondo permanecerá en Buenos Aires trabajando en el Palacio de Hacienda para seguir de cerca la situación.
Gabrielli se mostró ayer optimista. Dijo que, si el acuerdo global con el FMI se cierra en mayo, como prometió Remes, “en junio se concluiría con la emisión de bonos”. Y aseguró que las metas de ajuste en las provincias que planteó el Fondo pueden cumplirse porque “ya se viene trabajando el tema con los gobernadores”. La carta que juega Washington para obligar al ajuste en el interior es fuerte. Por caso, si Buenos Aires quisiera cortarse sola y seguir emitiendo patacones para financiar gastos, entonces las nuevas emisiones no serían aceptadas por la Nación para pagar impuestos nacionales y, por lo tanto, la cotización del bono caería sensiblemente. Así, Felipe Solá se enfrentaría al problema de pagar sueldos con un papel que perdería poder adquisitivo todavía más rápido que el peso.