El Gobierno dio marcha atrás con la decisión de suspender los ajustes estacionales del gas y la electricidad, con lo cual el precio de esos servicios aumentará próximamente. Más allá de esta decisión oficial, beneficiosa para las distribuidoras, Edenor ayer reiteró su reclamo de que se suspenda la vigencia de los contratos durante la emergencia económica, lo cual, en buen romance, significa reclamar que se flexibilicen las condiciones de calidad de servicio.
A través de la resolución 53/02, publicada ayer en el Boletín Oficial, Economía aclaró los términos de una resolución de la semana pasada, por la cual reiteró que está vigente la prohibición de ajustar las tarifas, bien sea por el tipo de cambio o por cualquier otro mecanismo indexatorio. Ahora tuvo que precisar que eso no inhibía de aplicar sobre las tarifas de luz y de gas los ajustes estacionales que están previstos en los respectivos marcos regulatorios de esos servicios.
El precio de todos los servicios públicos está provisoriamente congelado, hasta que la comisión oficial encargada de revisar los contratos de concesión logre acordar con cada empresa un nuevo valor que refleje el impacto de la devaluación. Henri Ducre, uno de los máximos responsables de Edenor se entrevistó ayer con José Barbero, coordinador de ese grupo de trabajo oficial, para exigir que se flexibilicen las pautas previstas contractuales, al menos durante la emergencia económica.
Aunque en este caso no lo precisó públicamente, tanto las distribuidoras eléctricas como las gasíferas, le piden al Estado un apoyo para enfrentar el encarecimiento de sus insumos importados y, al mismo tiempo, la obligación de cancelar deudas en dólares. La compensación, además de un previsible aumento de tarifas, es la posible flexibilización de la calidad de servicio, lo que supone menores inversiones.