La inminente devaluación del peso no sólo amenaza rebanar el salario real, que difícilmente consiga subir al ritmo de los otros precios de la economía, sino que también amaga complicar la situación del Estado. Entre otros problemas, el fisco recauda en pesos pero tendrá que enfrentar costos dolarizados y algún día debe retomar el pago de su deuda, en gran medida contraída en la divisa norteamericana. Uno de los paliativos que prevé el equipo de Jorge Remes Lenicov es aplicar retenciones sobre las exportaciones, básicamente las energéticas y agropecuarias, que permitan al Tesoro hacerse de los dólares que se esfumaron en los últimos meses.
Los primeros beneficiarios de un dólar más caro son, justamente, los exportadores. Por esta razón, los técnicos justicialistas imaginan apropiarse aunque sea parcialmente de esta renta adicional por una doble vía: gravando esas ventas al exterior y manteniendo el control de cambios, de modo tal que las divisas deban liquidarse en el país.
De ese modo, el Estado comenzaría a recomponer sus menguadas reservas y, al mismo tiempo, aplicaría un criterio de cierta equidad, obligando a los que se benefician con la depreciación del peso a socializar una parte de esta ventaja. La idea de imponer retenciones a las exportaciones de gas, petróleo y productos primarios también tiene el propósito de contener los precios internos de esos bienes que, de otro modo, podrían subir desmesuradamente, reeditando lo que ocurrió a fines de los ‘80, cuando muchos productos de consumo masivo (los lácteos, por ejemplo) resultaban casi inaccesibles, ya que trasladaban a las góndolas locales su alto precio de exportación.
Pero ese mayor flujo de dólares a las arcas del Central podría resultar insignificante sin la otra gran pata del programa económico en ciernes, como es la renegociación integral de la deuda. Para el tramo externo, los hombres de Remes prevén plantear no sólo un período de gracia sino también una quita del capital que podría estar en el mismo orden que la devaluación (próxima al 30 por ciento). Sólo con este oxígeno, el Estado podría pensar en retomar los pagos de sus compromisos en un plazo relativamente admisible según el criterio de los acreedores.
Obviamente, el cuadro post devaluación no descarta que el Estado aumente la recaudación en pesos, no ya por la reactivación sino porque los impuestos serán indexados del mismo modo que otros precios. Por todos estos factores, los nuevos técnicos del Palacio de Hacienda confían en que, lejos de un colapso de la caja pública, el Estado hasta podría absorber parte de los costos que impone al sector privado la devaluación.
Según una de las hipótesis de trabajo arrojadas sobre la mesa –que reproduce una teoría esbozada por Remes días atrás– el Estado podría emitir un bono para compensar en parte a los perdedores de la corrección cambiaria. Por ejemplo, para auxiliar a los depositantes que no pudieran obtener de inmediato su dinero en dólares. O, mejor, para ayudar a los bancos si las actuales deudas en dólares decidieran pesificarse al tipo de cambio 1 a 1, obligando a las entidades bancarias a absorber parte de la devaluación (los préstamos en dólares se expresarían en pesos.
La apuesta, de todos modos, tiene plazo fijo. “Si en tres meses no hay una reactivación, estamos perdidos”, aseguraba ayer un economista próximo a las febriles discusiones que mantiene el nuevo equipo económico en formación.