El pliego sometido a análisis parlamentario de Hernán Martín Pérez Redrado como postulante a la presidencia del Banco Central amenaza ser impugnado por quien fuera su estrecho colaborador durante ocho años, Adrián De Santis. El ahora ex amigo de la infancia del economista de la Fundación Capital es denunciante en una causa en la que se investiga el manejo de fondos reservados en la Comisión Nacional de Valores que habría utilizado el reincidente funcionario cuando era titular de ese organismo. El imputado negó ante los tribunales y la prensa la existencia de aquel dinero negro que ahora investiga el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral con la concurrencia de testigos, según explicaron ayer ante este diario fuentes próximas al próximo conductor de la autoridad monetaria.
Al no mediar procesamiento, la sola existencia del expediente no sería óbice para que prospere el nombramiento de Redrado. Pero las idas y vueltas de una causa que ventila la administración de un dinero no declarado como un modus operandi del Estado, y la conducta del economista de la Fundación Capital que acusó a su ex secretario de falsificarle una firma que en rigor era auténtica, pueden desatar más de un debate sobre su comportamiento.
De Santis ofició de secretario privado mientras Redrado comandó la CNV, entre 1991 y 1994 y, según él asegura, en aquel carácter habría manejado de acuerdo a las órdenes de su jefe los 46 mil pesos mensuales que supuestamente Economía le giraba: la cifra habría subido a 50 mil cuando, enemistado con Domingo Cavallo, el Golden Boy acudió al propio Carlos Menem, siempre según la acusación, para conservar ese vital aporte extra. Según la documentación que hoy analiza el juzgado, los recursos habrían sido básicamente usados para complementar sueldos, pero también para atender algunos gastos operativos menores, como fotocopias, material de prensa, peajes y hasta algunos hoteles.
De acuerdo con los papeles con que De Santis intentó fundamentar la denuncia contra Redrado por supuesta malversación de fondos públicos, por aquella vía irregular los directores de la Comisión recibían un adicional de alrededor de 2700 pesos por mes, contra una remuneración en blanco de 1700. Contrariamente, el joven Martín no tenía suma fija asignada para sí, sino que retiraba a su arbitrio.
El primer problema es que ese dinero no sería una partida legal. A la CNV ni siquiera le correspondían fondos reservados como sí a otros organismos públicos. Amén de que los sobresueldos constituyen una doble vía de evasión: del Estado, que no paga las contribuciones a la Seguridad Social, y de quien lo cobra, que debería tributar Ganancias sobre su remuneración real. La otra cuestión controvertida es que su titular haya utilizado esos recursos para pagar cuentas personales, como la hipoteca y decoración del departamento en República de la India 3135.
De Santis es amigo de la infancia de Redrado, con quien también disputó incontables partidas de golf en la juventud. Esa relación le permitió acompañarlo también en el Ministerio de Educación, en la Fundación Capital, en la Cancillería o en el abortado proyecto de una empresa de salud con capitales norteamericanos, siempre como un asistente de confianza. Pero, según acusa el ex secretario, ese vínculo se fracturó irremediablemente cuando Redrado se negó a pagarle la indemnización que le correspondía por su cargo en este último emprendimiento.
En 1999, De Santis inició un juicio laboral en contra del inminente presidente del Central, para ser indemnizado en relación con todas las tareas que había desempeñado junto a él. Pero la Justicia consideró no probado ese vínculo laboral, a pesar de los elementos presentados. Esta causa derivó en otra: Redrado acusó a su colaborador de presentar un falso certificado de trabajo, con su firma adulterada.
En esa ocasión, De Santis tuvo mejor suerte. A pesar de que llegó a ser procesado por la presunta “tentativa de estafa” y a soportar un embargo de 600 mil pesos sobre sus bienes, el 10 de noviembre del 2003 finalmente la Justicia lo habría absuelto, después que la pericia caligráfica constatara que aquella rúbrica de Redrado, desconocida por su autor, era auténtica, cargando sobre él las costas de este juicio.En estas causas hubo algunos hechos que se engarzan con la que hoy está en manos de Canicoba. Marta Young, secretaria en la CNV, declaró que de los 3000 pesos de sueldo, 2000 provenían de fondos reservados.
En una nota distribuida a periodistas el 17 de diciembre del 2002 –nueve meses después de abierta la causa en su contra–, Redrado resaltó que “la Justicia investigó la información correspondiente a partidas presupuestarias”... “y dicha investigación arroja claramente la inexistencia de fondos reservados”.