En Diputados todavía se escuchan las críticas de la oposición por los argumentos que el ministro Julio De Vido entregó cuando defendió la creación de la empresa de energía Enarsa: la principal objeción refiere a la falta de controles estatales. Una carambola impensada le brindó al oficialismo un argumento para desactivar esas críticas. Un proyecto de Oscar Lamberto, escrito bastante antes de la presentación en sociedad de Enarsa y aprobado ayer, le permitirá a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ejercer un control externo sobre la empresa.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, introduce cambios a la ley que regula la Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público. Básicamente, el título de la norma vinculado a controles externos de la Comisión Bicameral. En uno de los artículos que incorpora señala que “el Congreso, a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, podrá extender su competencia de control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado nacional, o a las que éste se hubiese asociado, incluso a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento”.
El hecho de que el estatus elegido para la empresa de energía fuera el de una sociedad anónima con participación estatal se transformó en uno de los puntos más criticados. El asesor legal del Ministerio de Planificación, Efraím Quevedo, acompañante de De Vido en su paso por las comisiones parlamentarias, había definido a Enarsa como una sociedad anónima sometida al derecho privado. “Se ha querido liberar a Enarsa de los procesos administrativos porque, de lo contrario, sería imposible que interviniera en un mercado como el energético. Sería una empresa muerta. No hay que huir del mercado, como hizo la Argentina en los ’90; hay que huir del derecho administrativo, como se hizo en el mundo”, había respondido Quevedo cuando se le preguntó si las contrataciones se harían por licitaciones o por decisiones del directorio.
La iniciativa de Lamberto reparó en parte esas críticas. Igualmente el proyecto había llegado al recinto con la objeción parcial del liberal Federico Pinedo, para quien el Congreso no tiene que controlar a las empresas que presten servicios públicos. Subsanado este punto, las otras diferencias tuvieron que ver con la propuesta de archivar algunas cuentas oficiales que luego de cinco años de su presentación no hubieran sido aprobados por la Bicameral. El párrafo fue finalmente retirado de la redacción y entonces sí la mayoría de los presentes votó afirmativamente por el proyecto.