“Lo digo con preocupación, pero no tengo un consejo mejor, hay una necesidad de corrección... que puede tener un impacto en los trabajadores. No excluyo que vaya a haber despidos, no hay otra elección.” Así, el director gerente del Fondo, el alemán Horst Koehler, terminó de poner a Eduardo Duhalde contra las cuerdas, al blanquear el ajuste que exige el organismo antes de entregar un solo dólar al país. En medio de la mayor depresión económica de la historia argentina, el Fondo reclama despidos de empleados públicos en las provincias. “El FMI no pide lo imposible”, aclaró luego Koehler y agregó que “Argentina debe enfrentar la realidad”, como si no fuera parte de la realidad un país al borde del estallido social, después de que dos presidentes salieran eyectados en medio de saqueos y cacerolazos. Sin embargo, como parte de la estrategia de Washington es que la administración Duhalde no se salga del juego y siga participando, el alemán concedió: “Me han dicho por teléfono que hay progresos en las negociaciones”, afirmó.
Era lo único que le faltaba a Duhalde para completar una negociación sinuosa con el FMI, que está dejando secuelas traumáticas en su breve gobierno. El FMI aprieta, mostrando un largo listado de condiciones al gobierno, pero jamás habla de plazos para desembolsar la eventual ayuda financiera y mucho menos de montos. La omisión no es menor, porque Jorge Remes Lenicov corre contra el reloj para contener al dólar, mientras trata, desesperadamente, frenar la fuga de depósitos del corralito y observa impotente cómo los precios se desbandan. Para colmo, el ministro ya apostó todas las fichas a un acuerdo, que todavía sigue verde, sin siquiera evaluar la alternativa de un “Plan B”, independiente del Fondo.
“El Fondo quiere ayudar a Argentina y no debería haber dudas respecto a esto”, aseguró Koehler, durante la habitual conferencia de prensa previa a la asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial, que comienza hoy en Washington. El mismo mensaje dejó el jefe Anoop Singh, en el comunicado de prensa que distribuyó ayer al concluir su misión al país: “No deberá haber duda alguna del compromiso del FMI de brindar ayuda a la Argentina”, sostiene.
Sin embargo, ambos se preocuparon por enfatizar que antes de hablar de la ayuda en sí, el Gobierno deberá seguir transpirando la camiseta. “... La ayuda deberá apuntalarse en un programa que ofrezca la promesa genuina de abordar las actuales dificultades de manera duradera”, dice Anoop en su carta. Y agrega que el “el Gobierno tiene la intención de avanzar rápidamente” en las condiciones que él mismo hizo públicas hace una semana, pero que, por las dudas, volvió a dejar por escrito ayer en un tono más protocolar. A saber:
u “Esperamos que el gobierno federal pronto esté en condiciones de ultimar todas las medidas para mantener el déficit consolidado (Nación provincias) acorde con el financiamiento disponible.”
u Se refiere al drástico ajuste provincial que exige el Fondo y para el cual ya hay definido un apretado “cronograma” que deberá cumplirse en el mes de mayo.
u “El Gobierno ha informado a la misión que sigue resuelto a trabajar con el Congreso y el Poder Judicial para establecer un marco jurídico que mantenga la confianza de los depositantes, aliente la reestructuración empresarial y restablezca la confianza”, explica Anoop en otro párrafo de su comunicado.
u Está hablando del objetivo de detener la salida de depósitos del corralito vía amparos y de la exigencia de derogar y/o modificar las leyes de Quiebras y Subversión Económica, que tanto inquietan al establishment financiero. El Fondo argumenta que con la Ley de Quiebras se perjudica a los bancos y a los acreedores extranjeros, al protegerse a las compañías locales que están declarando masivamente la cesación de pagos. En tanto, derogar la Ley de Subversión Económica es un pedido expreso de los banqueros, que se sienten perseguidos por los jueces.
Ajustazo
Menos diplomático y más frontal, Koehler dejó ayer en una situación más que incómoda a Duhalde, al blanquear que las estrictas metas fiscales que impone el Fondo para las provincias inevitablemente deberán traducirse en despidos y recortes salariales.
“El Fondo no pide lo imposible, pero es fundamental que el gobierno federal, el Congreso y las provincias afronten la realidad, se unan y acuerden un programa económico de reforma que dé nueva confianza a los argentinos y a los inversores”, afirmó, presionando por igual a Duhalde, gobernadores y legisladores. Luego disparó: “Lo digo con preocupación, no excluyo que vaya a haber despidos, no hay otra elección”, aseguró.
Sin embargo, prometió que si Argentina y el FMI pueden alcanzar un acuerdo, “los trabajadores saldrán beneficiados, después de un tiempo”. Por supuesto, no aclaró después de cuánto tiempo “saldrán beneficiados”, ni tampoco explicó cuál es el mecanismo que lleva a una economía a salir de la peor recesión de su historia profundizando los recortes de gastos y los despidos.
La declaración de Koehler saca a la luz pública lo que era una obviedad para los funcionarios que llevan adelante las negociaciones con Washington. De hecho, el hasta hace días secretario de Hacienda, el senador Oscar Lamberto, había admitido en un reportaje con este diario que el acuerdo con el Fondo implicaba despidos en las administraciones del interior.
El esquema diseñado por Washington para forzar el ajuste en las provincias dejará a cada gobernador ante un dilema de hierro. Si firma un acuerdo bilateral con la Nación comprometiéndose a achicar en un 60 por ciento el déficit fiscal, como exige el Fondo, entonces el organismo financiará la eliminación del bono provincial y recibirá pesos que enviará la Nación para que pague salarios y gastos recortados. Claro que para obtener los fondos, ya durante mayo, deberá demostrar que está aplicando el ajuste. Y si bien formalmente el acuerdo será monitoreado por Economía, habrá una delegación del FMI en el Palacio de Hacienda efectuando la auditoría. Si, en cambio, no firma y prefiere seguir pagando con bonos, la Nación se verá obligada a desconocerlos –no aceptándolos, por ejemplo, para el pago de impuestos nacionales– con lo que el bono se depreciará rápidamente y el ajuste llegará igual a los empleados públicos provinciales.
“Debemos enfrentar la realidad”, repitió una y otra vez Koehler desde Washington. Sin embargo, ayer Anoop Singh incluyó un párrafo antológico que revela cuán poco conocen los funcionarios del Fondo de la realidad argentina: “... la misión tuvo el privilegio de reunirse con una amplia gama de sectores de la sociedad... estos contactos con la comunidad en general están ayudando a generar consenso y a facilitar la plena adopción del programa por parte de las autoridades”, imagina Anoop.
Hoy, Remes y Mario Blejer viajarán a Washington para encontrarse con la otra realidad: la que sólo existe en los papeles de los negociadores del Fondo.