Si no fuera por un par de temas nuevos, el informe que presentó ayer el FMI sobre la Argentina podría confundirse con cualquier otro que hizo el organismo en los últimos diez años. Los reclamos son los mismos, las recomendaciones son calcadas y el pronóstico sobre los resultados que produciría adoptar esas políticas son igualmente optimistas. No importa que la receta ya haya sido probada y que los resultados hayan sido ruinosos, el organismo insiste con tozudez. La novedad respecto de los informes anteriores a 2002 es que se enfatiza la necesidad de lograr un “amplio acuerdo” con los acreedores. También pide apurar la renegociación con las privatizadas para habilitar subas de tarifas y compensar a los bancos por la pesificación. El resto de los pedidos son conocidos: ajuste fiscal, reforma de la banca pública y flexibilización laboral.
“Lograr un acuerdo amplio con los acreedores es una prioridad clave” para el gobierno argentino, ya que es un paso de “importancia crítica” para su credibilidad. Así lo dijo David Robinson, subdirector de Investigación del FMI, quien tuvo a su cargo la presentación del tradicional informe que el organismo difunde un día antes del inicio de su asamblea anual. Se trata del “Panorama Económico Mundial”, un voluminoso documento con estimaciones y análisis sobre la evolución de la economía de todos los países asociados al Fondo. Tanto Robinson como el director gerente del FMI, Rodrigo Rato, se detuvieron especialmente en la situación argentina.
El español mantuvo el tono confrontativo de sus últimos comentarios, como el de la semana pasada cuando polemizó con Néstor Kir- chner. Sostuvo que el superávit fiscal del próximo año es “insuficiente” para una propuesta “sustentable” de reestructuración de deuda. El FMI entiende por sustentable que una amplia mayoría de acreedores acepte la oferta de canje de bonos. Si bien ninguna autoridad precisó nunca cuál sería el nivel apropiado, los economistas argentinos que dialogan con los técnicos del Fondo lo sitúan en el 80 por ciento. El Gobierno, por el contrario, afirma que la reestructuración será sustentable si el nivel de deuda que queda después de la operación es manejable.
La segunda crítica de Rato fue al proyecto de ley para crear un marco regulatorio común a todas las empresas de servicios públicos. El director gerente apeló al remanido argumento de que “puede ser muy negativo para la atracción de nuevas inversiones a la Argentina”. Pero no todos fueron ataques. Rato admitió que la iniciativa sobre las privatizadas tiene algunos aspectos positivos, en especial “su definición de la participación del sector privado en los servicios públicos”.
En el informe difundido ayer, el FMI pronosticó que el crecimiento será del 7 por ciento este año y del 4 el próximo. “Las bajas tasas de interés y los altos precios de las materias primas han ayudado a mantener la recuperación, pero datos recientes sugieren que la expansión económica se está moderando gradualmente y se proyecta que el crecimiento se desacelerará más en 2005.”
Para el Fondo, el problema es que “las reformas estructurales han sido aplazadas”. “Para apoyar el crecimiento a mediano plazo –agrega–, la prioridad es lograr un acuerdo integral con los acreedores sobre la reestructuración de la deuda, (realizar) reformas fiscales, finalizar la compensación a los bancos por pérdidas de la pesificación asimétrica, reformar los bancos propiedad del Estado, y establecer un marco legal apropiado para los servicios públicos.”
En el capítulo de las estimaciones macroeconómicas, además de calcular que el PIB aumentará 4 por ciento en 2005, señala que la inflación será de 7,1 por ciento y que la cuenta corriente será deficitaria en 1,4 puntos. Para este año, el pronóstico es que la inflación terminará en 4,8 por ciento y la cuenta corriente será superavitaria en 1,1 punto.