Por C. C.
Desde Comodoro Rivadavia

“¿Cuánto tiempo vamos a estar con este superávit, cuánto con este nivel de retenciones y, básicamente, cuántas veces más los tribunales van a sorprender con decisiones que hasta contrarían lo que piensa el Gobierno?”, se preguntaba ayer el presidente de Nestlé Argentina, Pablo Devoto, señalando lo que parece ser el nuevo desvelo empresario: las decisiones de la Justicia, que en los últimos tiempos se expidió varias veces de forma contraria a las expectativas patronales. También el titular de Cencosud –dueña de Jumbo– y uno de los máximos ejecutivos de Telefónica apuntaron en similar sentido. Fue durante el primer panel del precoloquio de Idea (Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino), que esta vez tuvo como escenario la ventosa y fresca ciudad patagónica. Aquí se escuchó el remanido reclamo de “seguridad jurídica” pero que ahora pone acento en la imprevisible voluntad de los jueces, más que en la incógnita de las decisiones del Poder Ejecutivo.
Las quejas, sin embargo, tuvieron como marco el detalle de lo que cada una de esas compañías invirtió en el país y su voluntad de seguir haciéndolo, a pesar de que el marco jurídico no sea el apropiado para seducir capitales. “Lo fundamental, en definitiva, es qué va a ocurrir con el consumo”, se sinceró fuera de los micrófonos Devoto. A pesar de aquellas prevenciones, la multinacional suiza planea seguir aprovechando las ventajas competitivas de la Argentina, aunque sus proyectos se deciden “paso a paso”, según cómo evolucione la demanda.
Horst Paulmann, presidente de Cencosud, introdujo el tema resaltando la decisión de invertir en nuevos locales de supermercados Jumbo e Easy en el 2002 y 2003 “cuando nadie invertía”. Pero, renglón seguido, puso sobre el tapete la gran frustración que soporta la compañía desde que un juez de la mendocina San Rafael dejó en suspenso la compra de Disco con el argumento de que aún no está constituido el Tribunal de Defensa de la Competencia, que debería juzgar esta fusión. “Queremos que la Justicia levante la medida contra el Gobierno y lo deje cumplir la ley –señaló con su marcado acento alemán–. Los trabajadores temen que la empresa termine en manos de alguien que sólo quiere hacer un pase financiero”, remató, en alusión al empresario Francisco de Narváez, quien en algún momento pretendió quedarse con el supermercado de Ahold.
Miguel Gutiérrez, director de Telefónica de la Argentina, se entusiasmó con “la gran potencialidad del mercado argentino” y admitió que la accionista española está dispuesta a cerrar la brecha entre los servicios que hoy venden y los que podrían vender, dando como ejemplo la magra penetración que tiene la banda ancha entre los usuarios locales. Omitió otra causa de peso que difícilmente admitiría en público la privatizada: la excelente performance de su negocio a pesar de que las tarifas permanecen estables. Pero al enumerar las “condiciones” deseables para que el país atraiga inversiones, el ejecutivo apuntó directo a una “mayor seguridad jurídica, que no es sólo estabilidad de reglas, sino también que funcione la división de poderes. Si uno hace una presentación ante los tribunales por algún problema contractual, el trámite tiene que ser resuelto en un tiempo razonable”, reclamó.
Fuera del panel –preludio de las discusiones que los ejecutivos tendrán dentro de un mes en la reunión anual de Mar del Plata–, Santiago del Sel, de Zurich Argentina Compañía de Seguros, embistió contra el máximo tribunal, que en los últimos días habilitó a los beneficiarios de las administradoras de riesgo de trabajo a demandar por la vía civil. “De un plumazo la Corte tiró abajo un esquema y propició la vuelta a la industria del juicio.” Sin embargo, la sangre no llegaría al río, ya que el conjunto de aseguradoras está discutiendo con el Gobierno algunas modificaciones a la legislación que paliarían aquel presunto perjuicio. Entre ellas, la facultad de las empresas de contratar seguros de responsabilidad civil para ampararse de las demandas de sus trabajadores accidentados, que resuelvan accionar contra ellos cuando la indemnización de las ART no les satisfaga.
La Justicia también eliminó los topes indemnizatorios y, bastante antes, frustró los aumentos en las tarifas de luz y de gas que había dispuesto el gobierno de Eduardo Duhalde. Sin embargo, esa presunta adversidad no frustra todo proyecto de inversión, ni siquiera algunos de gran audacia. A través de su director ejecutivo, Sergio Raballo, la energética Capex presentó formalmente aquí un ambicioso proyecto para producir hidrógeno con energía eólica en la Patagonia argentina. El emprendimiento, cuya factibilidad hoy se analiza, demandaría 19 mil millones de dólares en diez años y podría conquistar fácil el dinero de los países ricos que quieran desarrollar formas de energía sustitutas a los hidrocarburos.