La Argentina dio ayer otro paso hacia la salida del default. Tal como anticipó este diario, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés) aprobó ayer la documentación enviada por el Gobierno, un paso ineludible para lanzar la oferta oficial a los acreedores. Roberto Lavagna dijo que los detalles de los nuevos bonos, con la quita sobre la deuda en cesación de pagos, se conocerán la semana próxima. A partir de entonces Economía tendrá todo listo para comenzar el proceso de canje.
La aprobación de la SEC era aguardada por el Gobierno y por los mercados financieros. Sin ese visto bueno era imposible seguir adelante con la negociación. El trámite es formal pero obtuvo especial relevancia en las últimas semanas, cuando el tradicional diario financiero londinense, Financial Times, publicó que estaba demorado porque la SEC se había mostrado disconforme con la presentación oficial.
Pero lo cierto es que, a través de sus 194 páginas a las que se añaden anexos con la explicitación de los bonos propuestos, el documento presenta una vasta reseña de la economía argentina. Incluye las particularidades más relevantes de los últimos años pero se abstiene de hacer pronósticos. Es una especie de manual para los inversores que se quedaron con bonos en default y que les sirve como marco de referencia sobre qué es y qué sucedió en la Argentina durante los últimos años.
Como uno de los mandatos de la SEC es velar por la transparencia de los mercados financieros y la seguridad de los inversores, uno de los capítulos más jugosos refiere a los “factores de riesgo” que involucrarán a quienes acepten el canje. La primera advertencia es lógica: Economía afirma que aquellos que se nieguen a entrar a la operación y se guarden los bonos en default aceptan el peligro de que éstos “permanezcan en default indefinidamente”. Más llamativo resulta el aviso a quienes acepten la oferta: Economía les dice que tiene la facultad de cambiar las condiciones, lo que no necesariamente irá en contra de los intereses de los financistas. En la misma página 14 del documento, el Gobierno se sincera: “Aun cuando el canje sea exitoso no resolverá la crisis de la deuda argentina”. Para los acreedores esta afirmación revela que no puede descartarse una cesación de pagos en el futuro.
Otros riesgos que deberían admitir los bonistas son inherentes a la condición de “mercado emergente” de la Argentina. Acaso sea ésta una mención que ocultaron tanto los funcionarios del gobierno menemista y de la Alianza –que ataron al país a una lógica perversa de endeudamiento– así como también los bancos internacionales que vendieron entre sus clientes títulos de deuda sin advertir que su alto rendimiento implicaba, a su vez, tomar un riesgo de incobrabilidad.
Sobre este mismo punto, Economía admitió que las demandas legales que defiende en los tribunales internacionales “podrían tener un impacto adverso” sobre las cuentas públicas en caso de que los jueces les den la razón a los acreedores defolteados.
El trabajo aborda también la problemática social. No se limita a expresar los guarismos oficiales sobre pobreza, desempleo e indigencia. Admite ante los inversores que en la Argentina se vive un pico de inseguridad, y se incluye en este rubro una afirmación cuanto menos polémica: “las recientes actividades de los piqueteros organizados”. En el documento se los llama “picketers” y se añade una traducción literal sobre ese movimiento social.
La historia económica de los últimos años ocupa 34 páginas. Al pasar se menciona la década del 80 pero se detallan los años de la convertibilidad. Tras el estallido se cuenta la historia del corralito y de la pesificación. Y se hace un raconto político de estos últimos años. Sobre el programa de Gobierno hasta el 2006, algunas definiciones: aumentará el gasto social y en inversiones públicas y se realizará una reforma del sistema de jubilaciones.