El proyecto modificatorio de la Ley de Quiebras que el Ejecutivo giró a Diputados le permite a Jorge Remes Lenicov llegar a los Estados Unidos con la tranquilidad de impulsar una norma a la medida del Fondo Monetario Internacional. La nueva iniciativa oficial no sólo restituye a los acreedores prerrogativas que habían sido eliminadas en enero por el Parlamento sino que además avanza un poco más, abriendo la puerta para que, en ciertos casos, las firmas endeudadas puedan ser tomadas a precio ganga.
El FMI reclama al Gobierno una ley que de certezas a quienes prestaron a empresas argentinas, dentro del país o fuera de él, de que podrán ejecutar estas obligaciones. El afán del gobierno duhaldista de atender esta exigencia quedó plasmado en los propios considerandos del flamante proyecto de ley que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Justicia, Jorge Vanossi.
En esos primeros párrafos se destacan las negociaciones con los organismos multilaterales como algo “indudablemente necesario para favorecer el proceso de recuperación” económica. Pero también se reconoce que la propuesta está a tono varias propuestas diseñadas por el gobierno y “aconsejadas por los organismos de financiamiento internacional”.
En enero pasado el Congreso modificó la ley vigente desde 1995 ampliando generosamente el amparo hacia los endeudados. Los legisladores resolvieron suspender por 180 días juicios y ejecuciones; extendieron también a seis meses el período de exclusividad, en el que los deudores pueden presentarles propuestas a sus acreedores; impide accionar contra los garantes de los deudores; premia a los bancos que prestaran a la firmas en problemas con mayores redescuentos y, lo más controvertido, suprime la figura del crawm down, por la cual los acreedores de una empresa pueden capitalizar sus acreencias y transformarse en dueños de ellas.
La propuesta girada ayer a Diputados pretende legislar en sentido opuesto. En primer lugar, limita a sólo 30 días –extendibles a 60– el tiempo para que una empresa en problemas pueda llegar a un acuerdo con sus acreedores, resucita los procesos de ejecuciones (salvo si éstos devienen en el secuestro de los bienes utilizados para la producción) y rehabilita la posibilidad de ir contra las garantías.
Si aquel acuerdo entre partes no se concretara, el juez que entienda en el concurso abrirá el camino de la capitalización forzosa, permitiendo formular propuestas de compra no sólo a los acreedores sino a terceros que no tengan nada que ver con la compañía. Sin embargo, los plazos previstos para el resto del procedimiento son tan perentorios que difícilmente puedan responder a la convocatoria otros que no sean los bancos o proveedores con acreencias o algún otro competidor que conozca bien el negocio por tomar.
En los últimos días hubo arduas e infructuosas negociaciones entre Justicia, Economía, Jefatura y los legisladores oficialistas para buscar una manera de limitar el crawm down e impedir un traspaso masivo de empresas a sus acreedores. Este proceso eventualmente podría acentuar la trasnacionalización que tuvo lugar en el país en estos diez años, en particular si se considera que muchas de ellas tienen fuertes deudas con acreedores externos y que, devaluación mediante, entraron en default.
Pero el proyecto oficial finalmente no contempló ningún límite a la capitalización forzosa. Son ahora lo diputados, en primer lugar, quienes resolverán si admiten disciplinadamente es texto o si encuentran alguna fórmula que aleje el fantasma de que tradicionales grupos argentinos queden a la brevedad en manos foráneas.