Bajo la conducción del propio procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, el equipo de abogados argentinos comenzó ayer en París la defensa del Estado frente a las demandas indemnizatorias de Azurix, la ex prestadora del servicio de aguas y cloacas de la provincia de Buenos Aires. Los alegatos oficiales ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, tendrán como eje demostrar que aquella firma en realidad abandonó la concesión antes de que el gobierno bonaerense formalizara la rescisión de su contrato, escudándose en diversos incumplimientos. El otro argumento medular será probar que la demandante, subsidiaria de la quebrada Enron, ligó su estrategia en la Argentina a la errática suerte de su quebrada matriz, empezando por la presentación de una oferta temeraria para quedarse con el negocio que luego habría descuidado.
El trámite se realiza en la misma instancia en la que se acumulan multimillonarios reclamos de las privatizadas por la pesificación compulsiva de las tarifas y en la misma ciudad que hace poco más de un mes se constituyó otro tribunal para resolver sobre la indemnización que exige CMS, socia minoritaria de TGN. Entonces, el responsable de la defensa oficial era el actual ministro de Justicia, Horacio Rosatti, cuya estrategia global en el caso Azurix sería respetada por su sucesor.
Un aspecto del plan pergeñado por el anterior procurador consistía en involucrar a las asociaciones de consumidores y otras organizaciones sociales que pudieran reforzar los argumentos públicos, bien sea señalando los defectos de las privatizadas, bien avalando la idea de que el cambio de régimen cambiario y el congelamiento tarifario respondieron a una situación de emergencia y excepcionalidad.
Guglielmino convocó entre los testigos a Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), en cuyo nombre asistió a las audiencias Pedro Busetti. “Vamos a explicar cómo 400 mil usuarios bonaerenses llegaron a tomar agua con sabor a gamexane”, advirtió ese dirigente poco antes de embarcar a Europa.
Azurix hoy acusa al Estado nacional de violar un acuerdo de inversión debido a la decisión de la provincia de Buenos Aires de dar por caída la concesión de su servicio y reclama una compensación económica por ello. Como contrapartida, la administración provincial le demanda alrededor de 640 millones de pesos por inversiones no cumplidas, canon impago y compensación por los diversos perjuicios que esto ocasionó a la provincia.
Sobre la base de esas obligaciones no honradas, la Nación acusa a la compañía de haber abandonado la prestación antes que el gobierno bonaerense diera por caído el contrato. Para ello, los técnicos oficiales ponen énfasis en la temeraria oferta de Azurix para quedarse con el servicio, propuesta que era “entre 6 y 18 veces superior” a la de sus contrincantes en la licitación.
Según hizo saber la Procuración al Ciadi en su primer presentación escrita, aquella propuesta extraordinaria sólo habría tenido como propósito respaldar la oferta pública de acciones con la que Azurix buscaba capitalizarse en el mercado internacional en 1999. Pero luego del “escandaloso colapso de Enron”, quebrada en el 2001, la firma que operaba en la Argentina se quedó sin este respaldo, orfandad que la habría llevado a abandonar la concesión.
Habrá que ver si en las audiencias que se extienden hasta mañana, los árbitros convocados para la ocasión –el español Andrés Rigo Sureda, la mexicana Claudia Frutos, el canadiense Marc Lalones y el uruguayo Daniel Martins– sucumben ante esos argumentos y no apuntan hacia el descuido de los administradores locales al aceptar una oferta poco creíble.