El Gobierno y las AFJP trabajaron ayer en los detalles del acuerdo de reestructuración de la deuda que se anunciará en las próximas horas. Los negociadores buscaban la fórmula para que el arreglo no desencadene una ola de juicios en contra de las administradoras. Esa es una de las principales preocupaciones de los empresarios: diversas agrupaciones de inversores ya advirtieron que recurrirán a los tribunales si detectan perjuicios para sus ahorros. En ese sentido, funcionarios y empresarios pusieron sobre la mesa distintos ejercicios técnicos para evitar que la operación tenga efectos negativos sobre las cuentas de los afiliados. Pero los dueños de las administradoras quieren una fórmula que les otorgue protección legal ante eventuales demandas. El trato definitivo lo cerrará el propio Néstor Kirchner durante una reunión que mañana tendrá con los ejecutivos de las compañías.
El pedido de las AFJP es que exista un paraguas legal que les dé inmunidad frente a los eventuales reclamos de los afiliados. Temen enfrentar juicios millonarios en caso de que sus clientes interpreten que aceptaron un canje que los perjudicó. Lo ideal para ellos es la sanción de una ley del Congreso, tal como sucedió con la que otorgó indemnidad al directorio del Banco Central.
Hasta ahora, los técnicos de ambas partes trabajaron en distintos modelos para evitar quebrantos en los fondos acumulados por los afiliados, y de esa manera evitar las demandas de los clientes. Como las AFJP tienen en sus carteras bonos en dólares, emitidos bajo jurisdicción internacional, pretenden mantener esas condiciones.
Como el grueso de lo que recibirían son títulos en pesos ajustables por la inflación, la idea es valuarlos a “valor técnico” en vez de computarlos al “precio de mercado”, que es sensiblemente más bajo. Ese es el disfraz financiero para eludir que se registren las pérdidas en los balances. Esta fue la metodología adoptada para los bancos, cuando se pesificaron sus activos.
Pero existe una diferencia entre los bancos y las AFJP. Mientras aquéllos pueden mantener el maquillaje financiero durante un largo período, distinto es el escenario con los fondos de pensión, obligados a desembolsar dinero todos los meses para pagar las jubilaciones. En relación a esta situación se tomarían dos medidas:
u Establecer que la valuación “técnica” de los bonos se aplique sólo durante un período relativamente corto, que podría ser de uno a dos años.
u Suspender los traspasos de afiliados. Como cada uno de ellos debe ser solventado por cada compañía en efectivo, si continuasen podrían provocar el quebranto del sistema.
Para decidirse por este esquema de ingeniería financiera, los negociadores tomaron en cuenta que las administradoras se encuentran en condiciones de cumplir con sus pagos a los jubilados con los fondos que capturan de sus afiliados (neto de las comisiones) y con los servicios de la deuda que cobrarán en los próximos años.
Otro punto que se analizaba para reducir el impacto de la reestructuración coincidía con una fórmula utilizada por Roberto Lavagna en el último canje que se realizó para levantar el “corralón”. Ese método consistió en entregar Boden 2013 por la diferencia entre el resultado de 1,40 más CER y la cotización del dólar. En este caso, se entregarían Boden 2013 para cubrir la diferencia entre el valor del bono Cuasi Par en pesos y el valor de los bonos originales en dólares. En la actualidad esa diferencia es de 86 centavos por dólar (1,40 más CER equivalen a 2,13 pesos). Este mecanismo no sólo les permitiría a los fondos de pensión tener en cartera un título de más corto plazo que los Cuasi Par, que son a 35 años, sino incluir un bono en dólares. De esa manera, creen los ejecutivos, impedirían una reacción negativa de los clientes.
De todas maneras, como la emisión de los Cuasi Par resultaría insuficiente para todas las AFJP, se adjudicarían el equivalente en dólares a 5000 millones de pesos en títulos Par.
Como puede apreciarse, el esfuerzo de los empresarios pasa por encontrar instrumentos financieros que eludan una quita en los fondos de sus afiliados y así evitar juicios en contra. Para el Gobierno, la negociación con las AFJP es clave porque esas compañías reúnen nada menos que el 20 por ciento del total de la deuda en default: 17.000 millones de pesos. Además le sirve como una señal contundente frente al resto de los bonistas de que el Gobierno avanza con la reestructuración, en medio de las presiones del Fondo Monetario y el Grupo de los Siete. La especulación de Economía es que a este 20 por ciento se sumaría, casi en forma automática, otro 10 por ciento de acreedores locales (entre pequeños tenedores y compañías de seguro).