El fallo de la Corte Suprema “contra el sistema de ART es terrible” para la construcción y el sector rural. “Asusta a las empresas.” “Genera graves problemas a la producción y al empleo.” Las principales cámaras patronales apelaron a esos argumentos para reclamar la sanción de una nueva ley de riesgos del trabajo que restablezca los topes a las indemnizaciones por accidentes. Son las mismas asociaciones que en la década pasada dieron sustento a las políticas flexibilizadoras del menemismo. Ayer fueron recibidas por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien les expresó que el Gobierno coincide en que debe reformularse el sistema, aunque no necesariamente en los términos que ellos reclaman. Los técnicos de la cartera laboral preparan un proyecto de ley, que será largamente negociado antes de llegar al Congreso.
La decisión del máximo tribunal de declarar inconstitucional un artículo clave de la ley de ART, por el cual se impedía a los trabajadores iniciar un juicio civil contra su empleador en caso de accidente, derivó en el ámbito empresario en la reaparición del Grupo de los Ocho. En su versión remozada, se llama Grupo de los Siete, por el simple hecho de que la Unión Argentina de la Construcción se fusionó con la Cámara de la Construcción, reduciendo la representación de ese sector a una sola asociación. Pero, en esencia, el nucleamiento patronal es igual al de la década pasada, que fue un actor central en la defensa de las políticas ultraliberales.
Una de las leyes que se votaron en aquellos tiempos dio lugar a la creación de las ART. Ahora que la norma dejó de proteger a las compañías contra eventuales juicios de sus empleados, quienes quedaron habilitados para exigir una reparación acorde al daño sufrido en un accidente, los empresarios se reagrupan. En la reunión de ayer con Tomada estuvieron los principales directivos de la Unión Industrial, Adeba (bancos de capital nacional), la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Cámara de la Construcción.
El ministro escuchó sus lamentos por un largo rato y después les confirmó que su cartera trabaja en un proyecto de ley, que contemplaría la creación de un seguro de responsabilidad civil. Esta solución no es exactamente lo que piden los empresarios, puesto que el nuevo seguro sería mucho más caro que el que pagan a las ART. Lo que quieren las asociaciones empresarias, según señalaron en un comunicado, es que “el Gobierno adopte las medidas que garanticen la continuidad y eficacia del régimen” de ART. En otras palabras, piden que se vuelvan a limitar las indemnizaciones.