Por Maximiliano Montenegro
y Miguel Olivera *

El tema de la inseguridad en Argentina llegó hasta las páginas de la American Economic Review, la revista académica de economía de mayor prestigio internacional. Dos economistas argentinos, Rafael Di Tella y Ernesto Schargrodsky, publicaron un trabajo con un título que en el Primer Mundo puede sonar a estupidez, pero que en Argentina resulta una pregunta válida: ¿La policía reduce el crimen? En especial, en estos momentos en que ante el crecimiento de la percepción de inseguridad una de las respuestas políticas es aumentar la dotación de efectivos policiales en la calle.
El atentado a la AMIA les dio a los economistas la oportunidad de realizar un experimento “natural”, dado que desde entonces se decidió colocar protección policial en instituciones judías y musulmanas, redefiniendo los patrones habituales de vigilancia policial.
La investigación consistió en recopilar información en el número de automotores robados en tres vecindarios de la ciudad de Buenos Aires y de la ubicación de las instituciones judías en estos vecindarios. El análisis de la información muestra que las cuadras las que hay protección policial experimentan, en promedio, un 75 por ciento menos robos de autos que el resto de las cuadras. Sin embargo, la presencia policial no tiene ningún impacto en robos de autos a “una o dos cuadras de los edificios protegidos”.
Di Tella y Schargrodsky calculan la “eficiencia del gasto” en policías apostados en esas cuadras: si un oficial gana 800 pesos por mes y trabaja turnos de ocho horas durante 21 días al mes, el costo de proveer protección policial a la cuadra es de casi 3500 pesos. Sin embargo, el costo promedio del auto robado es de 8400 pesos. Pero como la probabilidad de robo habitual por cuadra es de apenas del 1 por ciento, entonces desde la visión estrecha del análisis costo-beneficio, la protección policial es ineficiente. Es demasiado costosa.
¿Acaso el robo de autos se desplaza de las cuadras protegidas al resto del vecindario? Los resultados no son concluyentes, así que el impacto sobre el robo total de autos es difícil de determinar. Aunque los autores no especulan demasiado sobre las recomendaciones de política, parecen sugerir que no hay que inferir del estudio que se deba aumentar la presencia policial en la calle, entre otras cosas, por el efecto que esto pueda tener en la disminución de los recursos asignados a la investigación.
Sí, en cambio, los autores concluyen que la protección desde un punto fijo es mucho más efectiva que el patrullaje debido a que la probabilidad de que un móvil detecte un crimen en proceso es “virtualmente nula”. Citan estudios realizados en otros países que concluyen, por ejemplo, “que es esperable que un policía patrullando Londres pase dentro de un radio de 100 metros de un delito en progreso una vez cada ocho años”. Más probable es que una tercera persona observe la comisión del delito, lo cual refuerza la necesidad de una línea de emergencia (el famoso 911 en Estados Unidos) para la atención inmediata de las denuncias.
El intento de Di Tella y Schargrodsky por chequear el impacto de la presencia policial y sus efectos disuasivos en la comisión del delito es válido. Sin embargo, en los últimos años la academia económica avanzó bastante más en la discusión acerca de las causas de la inseguridad.
Jeffrey Grogger, de la Universidad de California, por ejemplo, estudió la relación entre salarios y crimen, como una forma de poner a prueba la causalidad entre desigualdad y delito. Su conclusión es que el diferencial salarial entre negros y blancos es uno de los responsables de que la criminalidad en Estados Unidos sea mayor entre los negros. Más aún, según sus cálculos, desde mediados de los setenta en Estados Unidos, se puede comprobar que una caída de los salarios reales –en especial entre losjóvenes– de alrededor del 20 por ciento redundaría en un incremento de los delitos de entre 12 y 18 por ciento.
Otros autores, como Steve Levitt, de la ortodoxa Universidad de Chicago, llegan a resultados llamativos. En Estados Unidos los asesinatos bajaron un 43 por ciento entre 1991 y el 2001 “alcanzando su nivel más bajo en 35 años”, o 5,5 homicidios cada 100 mil residentes. En tanto, los delitos violentos y contra la propiedad disminuyeron 34 por ciento y 29 por ciento, respectivamente, en el mismo período.
Según los estudios de Levitt, el descenso de la criminalidad en Estados Unidos en las últimas décadas se debió a: 1) más policías, 2) el aumento de la población carcelaria, 3) la desaparición de la epidemia de crack y, una conclusión sorprendente, 4) la legalización del aborto. ¿Por qué el aborto? Porque los hijos no deseados —plantea— tienen mayor incidencia de criminalidad y la legalización del aborto reduce la cantidad de nacimientos indeseados. Dicho sea de paso, tras la legalización del aborto disminuyeron “dramáticamente” el número de adopciones y de infanticidios.
Levitt también se ocupa de los muy publicitados cambios en la estrategia policial que implementó el alcalde de Nueva York, el republicano Rudolph Giuliani, una estrategia que se dio en llamar “tolerancia cero” y que en Argentina la derecha popularizó como política de “mano dura”. Primero, sostiene, Giuliani se hizo cargo de la alcaldía en 1993, pero el crimen ya había empezado a disminuir de manera importante en 1990. Con la excepción de la tasa de homicidios, no hay ningún cambio en la tendencia descendente del crimen de 1993 en adelante. De hecho, otras ciudades sin “tolerancia cero”, como San Diego, Austin, San José o Seattle, experimentaron reducciones prácticamente iguales.
Además, el cambio en las estrategias policíacas tuvo lugar al mismo tiempo que aumentaba sustancialmente el número de efectivos: en la década bajo estudio, el número de policías en Nueva York creció 45 por ciento, tres veces más que el promedio nacional. Las propias estimaciones de Levitt sugieren que el aumento mayor en la cantidad de policías alcanza para explicar la disminución en el crimen. No sería entonces la mano dura sino la existencia de más manos lo que explicaría la caída en los delitos.
Levitt, un Chicago boy atípico (al menos en comparación con sus colegas argentinos), también aporta buenos fundamentos para desvirtuar la idea de que la pena de muerte influye en la baja del delito. Ciertamente, en la última década las ejecuciones en Estados Unidos se cuadruplicaron. Sin embargo, argumenta, las ejecuciones tienen lugar ocasionalmente (478 en la década en estudio) y con demoras. ¿Por qué un criminal racional habría de tenerlas en cuenta?, se pregunta Levitt. Más aún, si los estudios que encuentran que la pena de muerte es efectiva y que sostienen que cada ejecución previene 6 asesinatos fueran correctos, entonces este factor no explicaría más que 1/25 de la disminución del crimen observada.

* Economista ([email protected]).