El Convenio de Estabilidad del Suministro del Gasoil firmado ayer entre las petroleras y el Gobierno permitió que una parte de los transportistas de carga y de pasajeros desistieran de realizar medidas de fuerza. En virtud de ese pacto, las compañías se comprometen a garantizar el suministro de gasoil, que para el transporte tendría un precio preferencial de 75 centavos, aunque sólo bajo ciertas condiciones, algo que no terminó de convencer a los camioneros nucleados en Fadeeac. Para contener el valor en los surtidores al gran público, la administración de Eduardo Duhalde apelará a la remanida estrategia de facilitar la importación de ese combustible, eximiendo a esas operaciones de algunos impuestos y restricciones vigentes. En el camino habría quedado la idea de fijar un precio máximo, debido a la rotunda oposición del Fondo Monetario Internacional.
Según celebraba anoche el secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, el acta se habría firmado a última hora de la tarde y de inmediato habría sido ratificada por un decreto. Según ese documento, las empresas asumen un compromiso en doble sentido para normalizar la provisión de gasoil, que desde hace días escasea y, por esta misma razón, sube de precio. Las petroleras (Repsol, Pérez Companc, Pan American Energy, etc) se obligan a suministrar a las refinadoras petróleo suficiente. A su vez, estas compañías (Shell, Esso, Eg3, etc) garantizan hacer llegar a las bocas de expendio del país todo el carburante demandado.
El faltante y encarecimiento constante de ese combustible es lo que motivó las medidas de protesta de camioneros y colectiveros, que ayer comenzaron a ser levantadas a la mañana, incluso antes de que el flamante decreto duhaldista estuviera firmado. Para entonces, ya se había redactado un acuerdo de partes que incluía un precio máximo de 95 centavos para el gasoil minorista. Pero ese valor no sólo significaba habilitar –y por qué no estimular– un incremento del precio de casi el 20 por ciento, ya que hoy el precio en surtidores promedia los 78 centavos. La otra contra de ese presunto tope es que contrariaba el criterio del Fondo Monetario Internacional, absolutamente adverso a la regulación de precios.
Aquel acuerdo de partes con las petroleras sí incluye un valor “de referencia” de 75 centavos para el gasoil a los transportistas, aunque éste sólo podría quedarse en este nivel si se cumplen dos condiciones: que el dólar no supere los 3,20 pesos la unidad (valor al que llegó hoy) y que el valor del barril de crudo no sobrepase los 28 dólares. De lo contrario, aquel tope podría ser vulnerado sin problemas, con lo cual el riesgo de que se dispare este precio es bastante contundente. El transporte demanda el 40 por ciento del gasoil consumido en todo el país. Sobre esta base, el Gobierno especula que podría servir como referencia para el resto de los consumos y, por esta razón, contenerlo resulta prioritario.
Duhalde y su equipo de colaboradores apelaron a otras “medidas complementarias” para resolver el tema, siempre honrando la intención oficial de no aplicar políticas intervencionistas. Una de ellas consiste en facilitar la importación de gasoil libre del Impuesto adicional a la Transferencia de los Combustibles, que hoy agrega 15 centavos a cada litro que se importa. Claro que para realizar esta eximición es necesaria la sanción de un proyecto de ley, que llevará su tiempo conseguir. Según calculaba ayer Transporte, el actual precio de importación es de 1,12 pesos el litro que, libre de impuestos se reduce a 0,97.
Con la misma intención de hacer un seguimiento de la situación pero sin intervenir directamente, el Gobierno decidió abrir un registro de exportadores para cada operación de comercio exterior. Si advierte que las empresas intentan exportar en el mismo momento que en el mercado interno se registra un faltante, entonces sí podría tomar alguna medida para que ese combustible se destine al mercado interno.
Aquel acuerdo y estas promesas no resultaron muy convincentes para los camioneros de Fadeeac, que anoche amenazaban continuar con el paro. Otro cantar es el de los empresarios colectiveros urbanos quienes, al margen del precio del gasoil, tendrán una serie de prerrogativas concretas que van desde un subsidio a bonificaciones tributarias.