Los 600 millones de pesos que la Argentina destinó el año pasado a subsidiar a los usuarios de diversos servicios públicos resultaron insuficientes para atender los reclamos de la población carenciada y no permiten ampliar la cobertura de prestaciones esenciales. Este cuadro está detalladamente descripto en un informe del Banco Mundial, en el que se concluye que “la mayoría de las políticas sociales excluye del 60 al 90 por ciento de los pobres a nivel nacional”.
El análisis incluye todos aquellos beneficios implícitos en las tarifas, que van desde el pago a las distribuidoras gasíferas de 13,50 pesos por cada cliente jubilado con la remuneración mínima a los fondos del impuesto al gasoil con el que se subvenciona a los empresarios del autotransporte. Son recursos que el Estado nacional y provincial recaudan mediante una contribución que realizan los tributistas por vías diversas –a veces en su condición de más pudientes y en otras aunque nada tengan que ver con el servicio en cuestión– y luego prorratean con diversos criterios.
Una de las revelaciones que arrojan los datos compilados bajo la supervisión de la economista Vivian Foster es que prácticamente se cumplió el objetivo de universalidad en varias prestaciones como teléfonos, agua o electricidad. Pero, como contrapartida, es muy magra la cobertura en otras prestaciones claves como aguas y cloacas, con el negativo impacto que esto tiene en la salud de la población: el 15 por ciento de los habitantes del área metropolitana no tiene acceso al agua potable y el 30 por ciento de la que reside en zonas urbanas depende de un pozo negro. Algo similar a lo que ocurre con el gas natural, donde casi un tercio de la población no tiene este servicio y debe acudir a la garrafa cuyo precio “es cinco veces” superior. Por ello, una de las primeras recomendaciones del informe es que cualquier política social contemple un auxilio para universalizar esas prestaciones.
Pero la principal debilidad subrayada por el análisis “Hacia una Política Social para los Sectores de Infraestructura en Argentina” es la “falta de un marco coherente de política social que garantice un nivel básico de acceso y asequibilidad a los hogares más vulnerables”. Según los parámetros técnicos utilizados para este tipo de estudio, el Banco destaca que los servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas no pueden insumir más del 15 por ciento del ingreso familiar. Porcentaje que, en el caso de los pobres argentinos, se eleva al 22 por ciento.
Cada prestación tiene su propia historia pero un mismo final: termina discriminando siempre, aunque en distinto grado, a los más pobres. Sólo el dos por ciento de los consultados por una encuesta a nivel nacional reconoció ser beneficiario de una tarifa social para el agua (se estiman unos 100 mil habitantes), lo que permite concluir que el 73 por ciento de los argentinos bajo la línea de pobreza no tiene esa ventaja.
El trabajo recuerda el caso específico de Aguas Argentinas, que en la renegociación contractual de 1997 creó el SUMA, cargo para costear la expansión de la red. Pero “este vínculo se rompió”: esa contribución engrosó la caja de la empresa y no sirvió para universalizar el servicio.
En el caso de la tarifa eléctrica, existe un fondo de compensación tarifaria que integran las empresas del sector y que se prorratea luego entre las provincias sin criterio de equidad. “Las tres más grandes (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) reciben un porcentaje de recursos muy pequeño en relación con su pobreza”, destaca el texto. Tampoco cambia el cuadro en el caso del subsidio al gas de los usuarios patagónicos. Por el contrario, existe un “error de inclusión del 70 por ciento”, es decir, que esa proporción de beneficiarios no debería recibirlo, ya que no se encuadra en el status de pobre.
El Gobierno intentaría corregir parcialmente esta heterogeneidad de políticas a través de una propuesta contenida en el proyecto de marco regulatorio general para los servicios públicos girado al Congreso, en elque contempla la creación de un Fondo Solidario a integrar por un aporte estatal, un cargo sobre los usuarios no subvencionados y una contribución de las empresas prestadoras. Pero aún subsisten muchos interrogantes sobre la suerte de esos recursos que se destinarían a cubrir sólo a los clientes de servicios considerados esenciales.
Entre las cuestiones a resolver, figura la elección de un parámetro para distinguir a los futuros destinatarios. Según un ejercicio matemático realizado por los técnicos del Banco, si se subvencionara la tarifa eléctrica en relación con el consumo, la mitad de los hogares pobres podría quedar excluida, en particular si se tiene en cuenta que muchos usan esta energía también para calefaccionarse. Si la pauta es auxiliar a los beneficiarios de planes Jefas y Jefes, es peor: entre el 70 y 90 por ciento quedaría afuera, ya que esos planes tienen un alcance limitado.