“Sobre fines de mayo vamos a estar cerrando un acuerdo con el FMI”, trasmitió ayer el ministro Jorge Remes Lenicov, desde Washington. Vale recordar que a principios de mes confiaba en que el acuerdo se firmaría a fines de abril, hace una semana se resignó a hablar de mediados de mayo y ahora pateó la fecha para fines del mes próximo. Desde que asumió, la administración Duhalde vive pendiente del paquete salvador del Fondo, pero siempre se posterga: cada vez que en Economía se entusiasman con “acuerdo inminente”, Washington decide correr la zanhoria unos metros más adelante. Este fin de semana era especialmente propicio para algún anuncio que respaldara el lanzamiento del plan Bonex que el gobierno deberá anunciar el lunes. Remes mantuvo ayer una dura reunión con el secretario del Tesoro, Paul O’Neill, en el que planteó que no existen condiciones políticas para despidos de empleados públicos, como pretende el Fondo Monetario, en las provincias. Washington le contestó a través de un director del FMI que, sin identificarse, aseguró a la agencia Reuters que “todavía no es posible avanzar en la negociación”.
Remes Lenicov tuvo ayer una maratónica jornada en Washington (ver aparte), que seguirá hoy con el round de fondo que deberá sostener con el titular del organismo, Horst Koehler y su subdirectora, la economista republicana Anne Krueger. Ambos sintonizan a la perfección con la intransigente posición de la administración Bush, que abomina de los paquetes de asistencia financiera, como los que otorgó el FMI durante los años noventa y recibió hasta noviembre del año pasado Argentina.
De hecho, ayer por la mañana, Remes volvió a comprobar esa actitud en carne propia, cuando se entrevistó con Paul O’Neill. Según dejaron trascender funcionarios de la delegación argentina, el ministro le habría dicho a O’Neill que el presidente Duhalde “no está dispuesto a aplicar medidas incumplibles”, y enumeró entre ellas, “el despido de empleados de la administración pública nacional o provincial”.
El comentario no fue casual, ya que el miércoles Koehler desnudó públicamente el contenido de la receta de ajuste fiscal que el Fondo presiona para que se aplique en las provincias: “No excluyo despidos... es una medicina amarga, pero no hay otra elección, hay que afrontar la realidad”, había dicho el funcionario alemán.
Las mismas fuentes del equipo económico afirmaron, además, que el ministro condicionó la liberación total del mercado cambiario –es decir, que cesen las intervenciones del Banco Central–, otra de las condiciones del Fondo, a la firma del acuerdo con el organismo.
Sin embargo, en la reunión no se habló de montos de un eventual paquete de asistencia financiera y tampoco de plazos. Justamente, en el encuentro con Koehler y Krueger, Remes intentará darles forma a esos dos “pequeños detalles” de la negociación, sobre los cuales los funcionarios de Economía se cansaron de especular, sin que Washington haya efectuado hasta ahora una sola declaración al respecto.
Para ello, según reveló el vocero del ministro, Héctor Stupenengo, les presentará “un cronograma de las acciones que se están desarrollando, con todos los temas que estaban dentro del programa”, como las modificaciones a la ley de quiebras, la derogación de la ley de subversión económica y el pacto fiscal con las provincias argentinas. El objetivo no es otro que ponerles plazos concretos a las metas o condiciones del FMI.
“Se ha acordado ajustar con todos los sectores involucrados un cronograma común. Eso quiere decir que el gobierno argentino, el Fondo Monetario, los gobiernos provinciales, los legisladores, la banca privada, están absolutamente con todos los sectores involucrados en el programa económico de Argentina”, explicó Stupenengo.
Sin embargo, una cosa son las palabras y otra muy distinta la realidad. Tanto es así que el propio vocero de Remes, por encargo del ministro, volvió a correr la fecha para un eventual acuerdo y habló de “fines de mayo”, cuando muchos especulaban con la posibilidad de que conseguir un anuncio concreto este fin de semana para respaldar el lanzamiento del planBonex y calmar las aguas tras el recrudecimiento de la crisis financiera en los últimos días.
Hay un punto clave dentro de las condiciones del Fondo Monetario, que al Gobierno le resultará prácticamente imposible cumplir. El FMI pretende que las provincias reduzcan en un 60 por ciento sus déficit fiscales y suspendan la emisión de nuevos bonos para pagar salarios y a proveedores. Para alcanzar esa pauta, encima, las provincias deberían empezar a aplicar el programa de ajuste antes de la tercera semana de mayo y sería auditado por una delegación del Fondo con sede permanente en Buenos Aires.
En la Rosada reconocen que un plan así, en medio de la mayor depresión de la historia argentina, suena poco menos que una fantasía. En especial, después de que en la última semana volvieran a convulsionarse por las protestas de empleados públicos y desocupados. A la provocación de Koehler, recomendando despidos, el presidente Duhalde respondió el jueves que el gobierno no iba a implementar todas las medidas que propusiera el Fondo. Y Remes volvió a abrir el paraguas frente a O’Neill.
La respuesta de Washington llegó ayer mismo, por medido de un director del Fondo Monetario, quien, sin identificarse, trasmitió un mensaje inequívoco. “Todavía no es posible avanzar en la negociación de una carta de intención porque hay una serie de cosas que hay que negociar”, afirmó a la agencia de noticias económicas Reuters. En el FMI “hay preocupación porque no todas las provincias están de acuerdo en hacer el esfuerzo fiscal”, agregó. La declaración fue realizada justo después de una reunión informal del directorio del organismo, en la que se evaluó el informe preliminar elevado por Anoop Singh sobre su reciente misión a Argentina.
A esta altura, la aspiración del equipo económico es muy módica. Pese a que el presidente del Banco Central, Mario Blejer, sigue entusiasmado con la posibilidad de conseguir un paquete de ayuda de 15.000 millones de dólares, los colaboradores de Remes piensan que habrá que conformarse con la señal política del acuerdo y con los recursos necesarios para cubrir los vencimientos con los organismos internacionales: unos 9000 millones. Igualmente, creen que el acuerdo abriría las puertas a otros préstamos para planes sociales del Banco Mundial y para prefinanciar exportaciones del BID. Sea como fuere, admiten que la clave está en que Washington no levante el pulgar demasiado tarde.