Mario Vicens, ex viceministro de Economía de Fernando de la Rúa y actual asesor del Citibank, y Martín Lagos, ex vicepresidente del Banco Central durante la gestión Pou y actual asesor del BankBoston, van y vienen de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) al Ministerio de Economía con borradores del proyecto de ley que instaura el nuevo Plan Bonex. Quienes hoy son funcionarios y antes eran banqueros, Jorge Todesca y Lisandro Barry, redactan con aquellos otros economistas la iniciativa que el lunes llegará al Congreso. Resuelto que todos los tenedores de plazos fijos recibirán títulos públicos –en un principio el Gobierno pensaba limitar el canje forzoso a quienes obtuvieran recursos de amparo–, el punto en discusión entre el Palacio de Hacienda y los banqueros es si los titulares de cajas de ahorro –salvo los de cuentas sueldo– también serán obligados a quedarse con bonos en lugar de su dinero, o permanecerán a salvo de la operación.
Por ahora, el Gobierno sostiene que los propietarios de cajas de ahorro y cuentas corrientes tendrán la opción de comprar títulos públicos, pero la transacción será absolutamente voluntaria y de ningún modo una imposición. Claro que con la larga lista de antecedentes de cambios rotundos de opinión en las decisiones de gobierno nada se puede dar por seguro. Y menos todavía si se toma nota de quiénes están haciendo el proyecto y se repasa cómo el Poder Ejecutivo fue cediendo a las distintas demandas del sector financiero. La última, por dar un ejemplo, es la imposición del feriado bancario por tiempo indeterminado, que hasta el jueves a la noche Jorge Remes Lenicov y Mario Blejer se negaban a conceder y que ayer se dispuso de apuro.
Las entidades financieras afirman que su situación es “desesperante” por la salida de depósitos del corralito como consecuencia de los amparos y del goteo diario de las cajas de ahorro. Y advierten que restringir el Plan Bonex a los plazos fijos es insuficiente, porque varios bancos no estarían en condiciones de devolver dinero de las cajas de ahorro y se verían obligados a cerrar. El Scotiabank Quilmes es el primer ejemplo de una entidad que no pudo hacer frente a los retiros, mencionan en ABA.
También apuntan que el saldo de las cajas de ahorro saltó de 4000 millones de pesos en enero a 14.000 millones en la actualidad, producto de la pesificación. Ese es el dinero que piden congelar con el Bonex para evitar que siga fluyendo y caigan varios bancos. Los extranjeros descartan hacer frente a esa demanda con recursos traídos desde sus casas matrices, adonde fue a parar el dinero cuando esos mismos bancos obtenían ganancias en Argentina.
Además de la presión de los banqueros, Remes Lenicov recibe la del Congreso. Los legisladores del oficialismo, el radicalismo y parte del Frepaso que unirán fuerzas para que el proyecto se convierta en ley a más tardar el martes a la noche, piden la inclusión de algunos puntos que hagan menos ingrata su tarea. Diputados y senadores saben que les esperan concentraciones frente al Congreso de ahorristas furiosos por lo que van a votar, y quieren compensar con alguna medida más simpática. La que pensó el equipo económico en un principio era remover las restricciones para extraer dinero en efectivo de las cajas de ahorro y de las cuentas corrientes. El tope de 1200 pesos mensuales y 300 semanales sería elevado gradualmente hasta su desaparición, con lo cual el Gobierno podría decir que junto al Plan Bonex terminó con el corralito. Como se mencionó más arriba, la banca rechaza esa posibilidad y, por el contrario, pide extender el programa a las cajas de ahorro.
El único punto que por el momento el Poder Ejecutivo puede ofrecer al Congreso es la modificación del CER. En el Palacio de Hacienda confirmaron a Página/12 que el proyecto de ley incluirá un capítulo con cambios al sistema de indexación de créditos hipotecarios y alquileres, seguramente tomando el proyecto que consensuaron diputados y senadores peronistas. Lospréstamos para vivienda única y los contratos de locación también con ese fin se ajustarían en base al aumento de los salarios.
Otro de los puntos en que trabajan Todesca y Barry, junto a Vicens –muy amigo de este último– y Lagos, es el diseño de los bonos que se ofrecerán a los tenedores de plazos fijos. La idea de mantener los Bonus ya existentes perdió fuerza, debido a que uno de los títulos comienza a pagar capital dentro de tres años y se considera que el Estado necesitará más tiempo para volver a afrontar los pagos de la deuda. Ahora se trabaja en dos bonos, uno en dólares y otro en pesos, con plazos de vencimiento de diez años el primero y menor –podrían ser ocho– el segundo. Los ahorristas podrán elegir uno u otro, pero ninguno se cotizaría más allá del 25 por ciento de su valor nominal cuando empiecen a transarse en el mercado. En cuanto al bono optativo para las cajas de ahorro y cuentas corrientes, su lanzamiento todavía está en discusión y depende de si el Bonex forzoso se aplicará o no a las primeras.
El Estado emitirá Bonex por 40.000 millones de pesos, cifra que podría crecer si las cajas de ahorro quedan alcanzadas por el canje obligatorio. Para cobrarse, los bancos entregarán bonos por 26 mil millones de pesos que obtuvieron con la Fase 1 del megacanje, 12 mil millones de bonos provinciales y 5 mil millones de bonos que recibieron en compensación por la pesificación. En conclusión, los bancos se desprenderán de títulos que eran más una carga que un activo, puesto que Argentina cayó en default, y los ahorristas que tenían depositado su dinero en esos bancos recibirán igual proporción de bonos, que en una primera instancia tampoco valdrán nada. Será otro canje con ganadores y perdedores muy claros.