El Gobierno presentará entre mañana y el viernes los detalles finales del plan de reestructuración de deuda a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Son los últimos pasos para habilitar el canje de bonos, que arrancará con un clima mucho más favorable para la Argentina de lo que parecía cuando Roberto Lavagna anunció la oferta hace un año. Las sucesivas mejoras introducidas a la propuesta y el arreglo especial con las AFJP permiten aventurar que la operación será exitosa. Al menos así lo consideró ayer el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, quien es el primero que respalda la posición del Gobierno desde la cabeza de un organismo internacional. “La Argentina está haciendo las cosas muy bien, con mucho esfuerzo y por eso saldrá adelante”, valoró el banquero uruguayo.
Las declaraciones del titular del BID contrastan con la postura del FMI y del Banco Mundial, que siguen reclamando un aumento del superávit fiscal para elevar los pagos a los acreedores. “El acuerdo con las AFJP es muy importante para el país y para el conjunto de América latina”, llegó a evaluar Iglesias, quien luego destacó que “ahora todo depende de los mercados”. “La respuesta de si aceptarán o no la oferta argentina deben darla ellos –completó–, pero soy optimista y espero que pronto” termine la situación del default.
El Gobierno agradeció el apoyo, que suma un nuevo elemento a la corriente favorable que se instaló hace algunas semanas. Los pronósticos de que el canje tendrá una aceptación destacada –en torno del 70 por ciento– no son sólo del Ministerio de Economía, sino también de economistas ligados a los circuitos financieros y de bancos de inversión extranjeros. “Yo soy optimista”, se definió concretamente Iglesias.
El titular del BID ofreció una conferencia en Francia, durante la cual se atrevió a mostrar una visión diferente a la del FMI respecto del caso argentino, pero en la que también alabó el proceso de reformas que vivió América latina durante los ’90. “Fue histórico”, dijo, limitando cualquier autocrítica a una teoría de moda entre los defensores del neoliberalismo.
En algunos países las transformaciones fueron “muy bien hechas, como el caso de Chile, y en otros se hicieron de manera irregular o catastrófica”, afirmó Iglesias.
El equipo económico señaló, en tanto, que “los prospectos de los títulos que entran en el canje ya están terminados, por lo que confiamos en que antes del viernes podamos presentarlos ante la Securities and Exchange Commission”. El vocero del Palacio de Hacienda explicó que luego se presentarán esos mismos documentos ante las comisiones de valores de Alemania, Italia y Japón, países en los que también se realizaría el canje. El Comité Global que preside Nicola Stock pretende bloquear la operación en Italia, para lo cual acudió a la Justicia. Lavagna ya dijo que los inversores italianos deberán acudir al mercado de Estados Unidos para trocar sus títulos, pero que de ninguna manera se suspenderá el canje porque eventualmente no pueda realizarse en Italia.
Otro de los trámites que completó el Gobierno tiene que ver con el acuerdo con las AFJP. Ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto en el que quedó plasmado el acuerdo con las administradoras para reestructurar los 17.000 millones de dólares en bonos en default que acumulan en sus carteras. Entre otras cosas, la norma autoriza al Palacio de Hacienda a emitir bonos en pesos con fecha de vencimiento en 2014, para ofrecer a cambio de las Letras del Tesoro (Letes) que las AFJP adquirieron en 2001 por instrucción de Domingo Cavallo.
A pesar de la confianza oficial sobre el resultado del canje, desde una de las asociaciones locales de acreedores insistieron en rechazar la oferta. Horacio Vázquez, presidente de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default, indicó que “estamos hablando con todos los ahorristas para que rechacen esta propuesta porque es una estafa”. Luego se quejó del arreglo con las AFJP y dijo que la entidad que encabeza presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanospor “la discriminación que hace el Gobierno respecto de los trabajadores que han tenido la capacidad de ahorrar” y que no tienen un tratamiento especial.