Sáb 16.10.2004

ECONOMíA

Economía dejará sin autarquía al tribunal que controle las fusiones

La creación de un tribunal independiente fue votada en 1999, pero nunca se creó.Ahora, Economía propone dejarlo en su órbita.

› Por David Cufré

Carrefour, Norte y Tía forman parte en Argentina de un solo grupo. Lo mismo ocurre con Quilmes y Brahma. Bimbo, por su parte, se quedó con Fargo. Y no falta mucho para que se autorice la compra de Disco por Jumbo y la de Movicom por Unifón. Todas estas operaciones tienen en común dos aspectos: el primero es que dieron o darán lugar a una notable concentración en sus respectivos mercados y el segundo es que el organismo que debió convalidar o rechazar las fusiones todavía no existe. Una ley aprobada en agosto de 1999 establecía un plazo de seis meses para la creación de un nuevo Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDF), cuyo rasgo saliente era su independencia del Poder Ejecutivo. Ya pasaron más de cinco años y la noticia no es que pronto se salvará el incumplimiento, sino que antes de nacer el Tribunal perderá su condición de independiente.
Roberto Lavagna se apresta a enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Defensa de la Competencia. El punto saliente es la transformación del Tribunal, a fin de dejar en manos del Gobierno la decisión última sobre “operaciones estratégicas”. Se trataría, según dicen en Hacienda, de fusiones en el campo energético y en los sectores de insumos básicos (acero, cemento, harinas). Pero agregan que el Ejecutivo debe reservarse una herramienta para intervenir frente a cualquier fusión que por su trascendencia pueda impactar especialmente en la economía. Con ello, la línea de la autarquía del Tribunal se diluye hasta cerca de la desaparición. Ya no habrá más garantías de que el poder político respetará las decisiones del cuerpo que debe velar por la competencia y la transparencia de los mercados.
El planteo suena un tanto abstracto cuando, en los hechos, hasta el día de hoy las fusiones las revisa el Ministerio de Economía. La misma ley de agosto de 1999 que daba seis meses para la formación del TNDF dispuso que, mientras tanto, la Comisión de Defensa de la Competencia se hiciera cargo de sus funciones. La diferencia entre ambos organismos es que la comisión está integrada por técnicos nombrados por el Gobierno y depende de la Secretaría de Coordinación Técnica de Economía, actualmente a cargo de Leonardo Madcur. Este funcionario es uno de los principales colaboradores de Lavagna. El TNDF, en cambio, designaría a sus siete miembros por concurso, tendría facultades resolutivas y sus decisiones no podrían ser bloqueadas por el Ejecutivo.
Lavagna resolvió postergar la creación del TNDF hasta tanto el Congreso apruebe su proyecto para autorizar al Gobierno a ser quien resuelva las fusiones clave, iniciativa que pronto remitirá al debate legislativo. Hasta el momento, el ministro y Madcur asumieron personalmente la tarea de comunicar las resoluciones de la comisión. Así lo hicieron, por ejemplo, cuando se autorizó la fusión de Bimbo y Fargo, que desde entonces controlan el 66 por ciento del mercado de pan de molde.
El proyecto para cambiar la ley es un golpe final a la independencia del Tribunal. El gobierno de la Alianza ya le había rebanado una buena porción con la reglamentación de la norma. En 2001, con el considerable atraso de dos años después de su sanción, el entonces secretario de Defensa de la Competencia, Carlos Winograd, dispuso que el presidente del TNDF sería designado por el Poder Ejecutivo, cuando los legisladores habían ordenado que lo hicieran los propios integrantes del cuerpo.
En 2003, el gobierno de Eduardo Duhalde hizo el único avance para la integración del Tribunal. Convocó a un concurso al que se presentaron 39 candidatos, pero también aquella administración suspendió el proceso sin explicaciones y nunca más se retomó. El gobierno actual no hizo ningún movimiento para cambiar las cosas y, más bien, siguió la tendencia de trabar las designaciones. Hace dos meses vetó por cuestiones técnicas menores una ley votada por el Congreso que definía la integración del jurado que se encargaría de elegir a los miembros del Tribunal. Los principales perjudicados por la inexistencia de un organismo transparente y con verdadero poder para intervenir en una economía con un alto nivel de concentración son los consumidores.

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