La guerra por los plazos fijos continúa, pese a un nuevo cambio de gobierno y sin que las expectativas por el inminente lanzamiento de un nuevo plan económico la hayan atenuado. La defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, anticipó a este diario que hoy acompañará a una decena de ahorristas, junto a un escribano, para reclamar la devolución de sus depósitos.
Ayer, al tiempo que trascendía que una depositante del Banco Río había logrado retirar sus 45 mil dólares y otros titulares de cuentas habrían tenido también éxito en recuperar sus depósitos en otros dos bancos privados extranjeros, unos 600 depositantes desfilaron por el despacho del juez Martín Silva Garretón, cuya medida cautelar en favor del reclamo efectuado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad habilitó a todos los porteños a sacar su plata de los bancos. “La resolución está plenamente vigente”, señaló una fuente de dicho juzgado.
A pesar de los rumores acerca de un eventual pedido de la Corte Suprema de la causa que se tramita en el juzgado de Silva Garretón, para dictar un per saltum que anularía los efectos de la medida cautelar dictada por dicho magistrado, fuentes tribunalicias informaron anoche que no hubo ningún pedido del expediente. La presión de los cacerolazos y el repudio del público a la Corte en la noche del viernes habrían sido argumento suficiente para que el máximo tribunal midiera sus pasos, interpretó ayer un funcionario judicial.
Muchos ahorristas que concurrieron a los bancos a retirar su dinero, con el respaldo del fallo del magistrado, recibieron una negativa de los gerentes amparándose en normas del Banco Central y en la Resolución 850 de Economía. Dicha resolución es la que firmó Domingo Cavallo sugiriendo al sistema financiero no dar lugar a los fallos judiciales que ordenaran la devolución de depósitos. Por esta firma, a Cavallo se le ha prohibido la salida del país. Pese a que una resolución posterior modificó parcialmente dicha norma, en el Banco Central aseguran que la 850 es aplicable y, por tanto, instruyen a los bancos a obrar en consecuencia.
Según se conoció ayer, una mujer pudo retirar más de 45 mil dólares de un plazo fijo que tenía en una sucursal del Banco Río el lunes último, luego de que el juez Silva Garretón hiciera lugar a un amparo presentado por la demandante, Ana Laso, contra el Poder Ejecutivo. Fuentes judiciales informaron que el 26 de diciembre pasado Laso obtuvo una medida cautelar que le permitía retirar los 45.537 dólares depositados, lo que finalmente se efectivizó.
Laso, una profesora de canto, consiguió que el magistrado decretara la suspensión de los alcances del decreto que congelaba sus depósitos. El juez notificó de la resolución al Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Economía y al Banco Central. Asimismo, el fallo ordenó a las autoridades del banco a “proceder al inmediato cumplimiento” de la medida “entregando en forma total e inmediata los importes involucrados bajo apercibimiento de considerar a los funcionarios responsables de las entidades incursos en el delito de desobediencia”. El abogado de la mujer, Gustavo Soler, relató que una vez conocida la resolución, el 31 de diciembre, aprovechando la atención bancaria en horario extendido dispuesta por el renunciante ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, Laso se presentó en la sucursal del Banco Río y pudo retirar sus ahorros.
Por otra parte, fuentes judiciales informaron a esta agencia que el juez Kiper aún no reintegró al Banco Ciudad los 200 mil pesos que había extraído de su caja de ahorro autorizado por su colega, pese a la orden del máximo tribunal.