Las próximas dos semanas serán decisivas para el Gobierno en su estrategia para reestructurar la deuda. Roberto Lavagna quiere cerrar trato con los acreedores institucionales locales antes de que comience la gira promocional del canje. Por ese motivo, después de acordar con las AFJP, el equipo económico mantuvo entrevistas con los representantes de los bancos, de las compañías de seguro y con los de los fondos comunes de inversión. Ayer fue el turno de estos últimos. Entre esos cuatro grupos de inversores retienen casi la cuarta parte de la deuda en cesación de pagos: unos 20.000 millones de dólares. Con ese paquete resuelto, el Gobierno espera forzar a los demás acreedores a aceptar la propuesta.
El encargado de negociar con los inversores locales fue Guillermo Nielsen. Cada grupo de acreedores que lo visitó en el décimo piso del Palacio de Hacienda le pidió una mejora en las condiciones de la reestructuración. Tomaron como modelo el convenio firmado con las AFJP. Los fondos de pensión lograron que Economía les diera bonos especiales por una parte de la deuda en default (las Letes), que habían suscripto en forma compulsiva por un decreto del Estado.
Ayer fue el turno de los fondos comunes de inversión (FCI), entidades que así como las AFJP también están ligadas con los bancos. Sus directivos también reclamaron un trato preferencial por las Letes que poseen en sus carteras. Tienen alrededor de 400 millones de dólares. Un monto menor, en comparación con los 6300 millones de pesos que administran los fondos. El pedido está fundado en que esos títulos públicos fueron comprados por las administradoras porque las obligó un decreto de Cavallo de 2001.
Pero a diferencia de las AFJP, que suscribieron Letes por todos los plazos fijos que se les vencían, el decreto para los FCI sólo establecía una vía indirecta: decía que aquellos fondos especializados en invertir en depósitos (money market) debían desviar un 25 por ciento de sus colocaciones a la adquisición de bonos que tuvieran un plazo inferior a los 95 días. Sólo las Letes –y algunos títulos de deuda privados– cumplían con esa disposición.
Por los 400 millones de dólares en Letes, los FCI quieren que se les entregue Boden a diez años, el mismo título que les prometieron a los fondos de jubilación privada. La ventaja radica en que, según cálculos preliminares que hacen en la city, este título tendría una quita a valor presente del 50 por ciento, contra el 70 o 75 por ciento de los nuevos bonos que surjan del canje.
No es lo único que negocian Economía con los ejecutivos de los FCI. Sobre la mesa también se puso de qué manera se estructurará la operación. Por ejemplo, si los pequeños inversores que se opongan a la reestructuración podrán rescatar sus ahorros y hacerle juicio al Estado aun en el caso de que los FCI la acepten.
Para analizar esta cuestión, la Comisión Nacional de Valores ya requirió a los FCI que le comuniquen la cantidad de títulos en default que mantienen en sus carteras. Fuentes del sistema calcularon que totalizarían unos 1000 millones de dólares.
Y un último tema que tienen en carpeta las empresas refiere a los recursos de amparo a los que tuvieron que hacer frente. Como ocurrió con los plazos fijos atrapados en los bancos, hubo inversores que recurrieron al Poder Judicial para recuperar la totalidad de sus ahorros en dólares. Ese monto ascendería a 80 millones de dólares y en algunas empresas evalúan si corresponde reclamar una compensación al Estado.
Así como está abierta la negociación con los FCI, lo mismo ocurre con los bancos y con las compañías de seguros. En el caso de las entidades financieras, la posesión de bonos defolteados asciende a 1880 millones de dólares. Corresponden mayoritariamente al “Bono Patriótico” lanzado por Cavallo en abril de 2001, pero también retienen Global 2008. Los bancos, en su mayoría extranjeros, pretenden que el Gobierno les permita que el “Patriótico” les vuelva a servir para pagar impuestos, tal como hicieron hasta el año pasado. Pero en Economía se muestran renuentes. Y sólo se aceptaría que los nuevos bonos sean contabilizados a “valor técnico” en los balances de los bancos en lugar de a “valor de mercado”, que es inferior.
El otro grupo que golpea a las puertas del Ministerio de Economía es el que reúne a las compañías de seguros. Acumulan un total de 1000 millones de dólares en bonos en cesación de pagos. Muchos menos de los 8000 millones que tenían al momento de la salida de la convertibilidad. La mayor parte de los títulos fueron transformados en Préstamos Garantizados y después pesificados. Las aseguradoras pujan para contabilizar los nuevos bonos a “valor técnico”.
Cerrada la primera etapa de las negociaciones con los institucionales, Guillermo Nielsen se prepara para viajar a Alemania. Allí participará de una reunión del G-20, el bloque que se enfrenta a las medidas proteccionistas de Estados Unidos y Europa, en compañía del vicepresidente del Central, Miguel Pesce. La intención de Nielsen es doble: encontrar en el G-20 un respaldo a la renegociación de la deuda y mantener contactos con funcionarios de los países que concentran una porción importante de los títulos en default.