El Gobierno recibió un fuerte apoyo de once países latinoamericanos en sus gestiones para reestructurar la deuda en default. Fue una declaración contundente, a poco del inicio del canje de bonos. Los cancilleres de las naciones que conforman la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) tuvieron ayer una cumbre en Montevideo para analizar los temas económicos y políticos de la región. Uno de los asuntos centrales fue el de las negociaciones de Argentina con sus acreedores. Brasil, México y los demás integrantes del organismo destacaron “los esfuerzos que realizan el Gobierno y el pueblo argentinos” para dejar atrás la cesación de pagos. En la misma declaración, los ministros reclamaron al FMI y al Banco Mundial que “flexibilicen” sus exigencias y que tengan en cuenta la necesidad de privilegiar la resolución de los problemas sociales.
“Respaldamos los esfuerzos que realizan el Gobierno y el pueblo argentinos en sus negociaciones financieras internacionales para el pago de su deuda”, afirma el comunicado final del encuentro de cancilleres, firmado por todos los países. En la declaración se enfatiza también que “reconocemos la importancia para la región de alcanzar una solución a dicha problemática que no comprometa la gobernabilidad democrática ni el desarrollo socio-económico”. Además de Brasil y México, el respaldo a la postura de la administración de Néstor Kirchner provino de Uruguay, Chile, Paraguay, Cuba, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Argentina estuvo representada por Rafael Bielsa, pero también participó Eduardo Duhalde.
El ex presidente estuvo en Montevideo porque en el marco del encuentro de cancilleres de Aladi se firmó un convenio entre los países del Mercosur y los de la Comunidad Andina (Venezuela, Colombia y Ecuador) para crear un área de libre comercio (ver recuadro aparte). Se trata de un acuerdo entre bloques que tiende a profundizar la integración regional. Duhalde sostuvo, sin escaparle al tono grandilocuente, que “estamos en vísperas de concretar el sueño de los libertadores: la Unión Sudamericana, al estilo de la Unión Europea”. A esta última la consideró “la guía” en el proceso de integración.
En esta línea, Bielsa recalcó en el discurso ante sus pares que “el gobierno argentino otorga una altísima prioridad a la integración regional, considerándola como una de las políticas de Estado por excelencia”.
Pero lo que más valoró la delegación argentina fue el gesto político de los países de América latina frente a su pulseada con los acreedores. Es un respaldo que en alguna medida sirve para compensar la presión del Grupo de los Siete países más desarrollados, que hasta el momento eran casi los únicos que se pronunciaban sobre la situación argentina, y siempre para interceder por los tenedores de deuda y las privatizadas. La semana pasada el Gobierno también había recibido otra declaración de apoyo importante. Fue la del presidente del BID, Enrique Iglesias, quien en contraposición con los reclamos del FMI y del Banco Mundial para elevar el superávit fiscal, sostuvo que “la Argentina está haciendo las cosas muy bien y por eso saldrá adelante”.
Por otra parte, el Gobierno consiguió el reconocimiento de los países de la región en otro tema sensible: el de la soberanía de las islas Malvinas (ver página 7). La declaración de los cancilleres respaldó “los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía por las islas Malvinas” y demandó que el litigio se resuelva de acuerdo “a las resoluciones de la ONU y la OEA”, que otorgan la potestad a la Argentina. Los jefes de la diplomacia sudamericana firmaron cuatro resoluciones políticas: dos referidas a la deuda y las islas Malvinas y otras dos vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, solicitadas por los representantes colombianos.
Por otra parte, los integrantes de la Aladi también se pronunciaron sobre los organismos financieros internacionales, al “exhortarlos a apoyar el establecimiento de mecanismos flexibles e innovadores para laimplementación de políticas que impulsen el crecimiento económico sostenido, la atención de las demandas sociales insatisfechas y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática”, concluyó la declaración.