Luego de escuchar los reclamos por mayor seguridad jurídica que le formularon ayer diplomáticos y ejecutivos de empresas de Francia, Roberto Lavagna mostró una dureza casi inusual para referirse a las demandas de las empresas privatizadas. No es que el ministro de Economía haya negado las debilidades del marco legal argentino, sino que, aun admitiéndolas, advirtió que hay firme voluntad de rechazar los pedidos indemnizatorios. El núcleo de esta estrategia, ya esbozada el viernes en un comunicado oficial, será dejar que la última palabra la tenga la Justicia argentina, presuntamente más benévola con los intereses del Estado que los tribunales arbitrales del Banco Mundial.
“El Gobierno no va a permitir un uso indebido en el Ciadi de los acuerdos de inversión que suscribió el país, ya que en la Argentina no han ocurrido casos de expropiación ni trato discriminatorio con las empresas inversoras”, advirtió ayer Lavagna. Lo hizo luego de entrevistarse con la comitiva que encabezó el embajador galo, Francis Lott, y que integraron no sólo delegados de los accionistas de empresas concesionadas sino también de otras que operan en el mercado local (Peugeot, Renault o Carrefour, entre ellas), todas desveladas por los perjuicios que les habría ocasionado la salida de la convertibilidad.
“Después de la crisis que vivió la Argentina se restablece más rápido el sistema macroeconómico que el jurídico”, se excusó Lavagna, para quien el camino más apropiado para normalizar la relación con las privatizadas –afectadas por la pesificación y congelamiento tarifario– es el de los aumentos graduales de tarifas. De hecho, y a pesar de las públicas confrontaciones con esas empresas, el Gobierno ya comenzó una recomposición paulatina de los precios del gas y la electricidad, eximiendo por el momento del ajuste a los usuarios residenciales. Del mismo modo que a los operadores de trenes y colectivos se los resarció por “mayores costos” aumentándoles el subsidio.
La renegociación de contratos es una vía para recomponer el vínculo con estas empresas que, bien sea porque tienen costosos activos hundidos o porque su negocio sigue siendo igualmente próspero a pesar de la devaluación, quieren esa reconciliación tanto como el Gobierno. Al darle un nuevo marco a la inversión, los nuevos convenios las harían desistir de sus pedidos de indemnizaciones tramitados ante el Ciadi, liberando a las arcas públicas argentinas de una amenaza multimillonaria.
Por si eso no ocurriera, los abogados argentinos defienden el criterio de que en aquellas controversias vale la jurisdicción local que, según interpretó Economía en un reciente comunicado, fue “expresamente” reconocida por los adjudicatarios en sus contratos originales, cláusula que se incluiría en los nuevos. Lo que no desconocían ayer los accionistas de Electricité de France o de Suez es que, si los árbitros bancomundialistas emitieran una sentencia negativa al Estado, ésta sólo podría ejecutarse a través de los tribunales del país, ya que no hay un ámbito internacional que obligue el pago. Otra razón para buscar el amparo jurídico mediante una negociación.