El gobierno nacional y la mayoría de las provincias llegaron a un acuerdo para comenzar a aplicar la Ley de Responsabilidad Fiscal. La clave para destrabar el conflicto fue la promesa de Roberto Lavagna de refinanciar la deuda que los distritos del interior mantienen con la Nación. Buenos Aires, Entre Ríos y Formosa ya comunicaron su aceptación, sumándose a Jujuy y Tucumán, que lo habían hecho anteriormente. El resto de las provincias también dieron señales de que aceptarán las condiciones que propuso el titular de Economía, mientras que Neuquén y Salta fueron las únicas que insistieron con la negativa.
La ley se votó en agosto pasado, pero los distritos del interior desistieron de adherir a ella porque no podían cumplir con una de sus exigencias: reducir su nivel de endeudamiento para que los pagos a los acreedores consuman como máximo el 15 por ciento de sus gastos corrientes. La resistencia amenazaba con dejar en letra muerta una ley que se aprobó para satisfacer un reclamo del FMI. Si bien el Gobierno suspendió hasta fin de año su relación con el organismo, sabe que cuando la retome deberá dar explicaciones por el tema. Lavagna recibió ayer a sus pares de Economía provinciales para proponerles un mecanismo que permita poner en marcha la ley. La norma impone dos restricciones básicas:
- El crecimiento del gasto primario, tanto de la Nación como de las provincias, no puede ser superior al aumento nominal del Producto Interno Bruto. En 2005, por ejemplo, el Gobierno proyecta una inflación del 8 por ciento y un crecimiento de 4 puntos. Por tanto, la suba del gasto primario queda limitada al 12 por ciento.
- Los pagos de deuda no pueden insumir más del 15 por ciento de los gastos corrientes. Esto obliga a achicar el endeudamiento.
El problema se generó con este último punto. La deuda de las provincias es tan abultada que no están en condiciones de cumplir con la meta. Lavagna, entonces, les propuso ayer refinanciar sus compromisos con la Nación, estirando el plazo de vencimiento de los Programas de Financiamiento Ordenado, que hasta ahora era de cuatro años. De ese modo, los gobernadores quedan habilitados para acceder a financiamiento de los organismos multilaterales. El secretario de Hacienda, Carlos Mosse, dijo que para acceder a esos beneficios las provincias “deberán adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal”.