Por Irina Hauser y David Cufré

Los jueces de la Corte Suprema tendrán mucho para leer el fin de semana. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, se pronunció a favor de la constitucionalidad de la pesificación de los depósitos, a través de un dictamen que les hizo llegar ayer a última hora. Se trata de una definición trascendente, porque es la primera vez que hay un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. El máximo tribunal tratará el tema en su acuerdo del próximo martes, y hay allí quienes especulan con que pronto saldrá un fallo convalidando la legalidad del uno a uno. El Gobierno lo espera con ansiedad, pues considera que prolongar la indefinición complica la normalización de la economía y deja espacio para fallos contrarios a la pesificación en las instancias inferiores del Poder Judicial. En la Casa Rosada elogiaron la contundencia con que el procurador rechazó los argumentos de quienes reclaman la redolarización de sus depósitos.
“El martes vamos a tener que venir con armaduras”, confesó un funcionario de la Corte a Página/12, previendo la manifestación de los ahorristas. Sin embargo, los supremos podrían encontrar también quienes los defiendan: los deudores hipotecarios que tomaron créditos en escribanías y demás prestamistas privados. Este diario pudo saber que Righi prevé enviar entre el lunes y el martes su dictamen sobre la pesificación de esos préstamos. Lo haría en igual sentido en que se expidió ayer sobre los depósitos, avalando la aplicación del uno a uno. Es decir, no aplicaría la teoría del “esfuerzo compartido”, que establecía una suerte de pesificación a medias, de 2 pesos por cada dólar de deuda.
El máximo tribunal había puesto como condición para fallar sobre estos temas que el procurador primero fijara su postura. Ahora que comenzó a hacerlo, la mirada de todos –deudores, acreedores, ahorristas, bancos, el Gobierno y hasta el FMI– se posará sobre los ministros de la Corte. En el Poder Ejecutivo el optimismo recobró energías y anoche eran mayoría quienes anticipaban que antes de fin de año se habrá cerrado definitivamente el debate legal sobre las medidas adoptadas para superar la eclosión de la convertibilidad. Antes de conocer la opinión de Righi, en más de un despacho hablaban con fastidio sobre la falta de voluntad de la Corte para ayudar a recobrar la normalidad.
El procurador resolvió sobre la constitucionalidad de la pesificación de los depósitos bancarios. Lo hizo en una causa iniciada por cuatro ahorristas que compartían cuentas en los bancos BBVA Francés y Bersa (de Entre Ríos), por un total de 1.334.110 dólares. Alberto Bustos, Gracia Don, Ramón Giacchi y Graciela Dappen son socios. Frente al corralito y a la posterior pesificación, presentaron una acción de amparo para exigir la redolarización y la devolución de su dinero. Tanto en primera instancia como luego la Cámara Federal de Paraná les dieron la razón. El Estado y el Banco Central fueron incluidos en la demanda. Su apelación y la de los bancos llevó finalmente el caso a la Corte.
El jefe de los fiscales lo eligió para pronunciarse por el monto involucrado, consciente del peso de ser el primero en defender la pesificación. Su fundamentación es cuidada y consistente, con sutilezas que en ámbitos judiciales no pasaron inadvertidas. El texto rescata una descripción sobre la gravedad de la crisis de 2001 de un fallo de Carlos Fayt. Fayt es el único de los jueces de la Corte que aún forma parte del tribunal que en el pasado falló en contra de la pesificación, ante un reclamo de la provincia de San Luis. La cita sugiere que con los mismos argumentos, frente a un nuevo escenario, el ministro podría cambiar su voto.
El propio Righi recuerda que su antecesor, Nicolás Becerra, recomendó anteriormente declarar inconstitucional la pesificación bajo otras circunstancias. La Corte, presidida entonces por Julio Nazareno, había coincidido en esa postura. Fue por el caso San Luis. Pero su fallo “sólo era aplicable a esa situación y no podía extenderse a otras”, aclara Righi. “La solución que ahora propongo –explica– se ajusta a la realidad fáctica y jurídica en la que toca expedirme.” Uno de sus argumentos centrales es que a lo largo de 2002 y 2003, el Poder Ejecutivo dictó una serie de normas –que enumera puntillosamente– para amortiguar el impacto de la pesificación, empezando por el 1,40 más CER. “Quien no ha ejercido las diferentes opciones (...) no puede seguir predicando válidamente que el sacrificio impuesto” es igual al uno a uno, afirma.
El otro eje es que la profundidad de la crisis justifica la solución elegida. “El contexto económico, social e institucional que rodeó a las medidas no puede ser soslayado, pues se corre el peligro cierto de encontrar soluciones abstractas y desvinculadas de la realidad nacional”, advierte. Luego dice que “si todos los sectores de la sociedad –asalariados, locadores, jubilados, acreedores en general– están soportando los inevitables sacrificios que se requieren para superar una crisis de la magnitud y gravedad como la que afectó al país, los actores (ahorristas) no pueden ser los únicos en quedar al margen de esta situación”.
En caso de que la Corte acepte la sugerencia de Righi, los bancos reclamarán al Gobierno que los compense por los amparos liquidados. En el máximo tribunal, según las cuentas del Ejecutivo, habría cinco jueces en favor de la pesificación: Juan Carlos Maqueda, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano serían los más proclives a aceptar los argumentos del procurador. Boggiano enfrenta un juicio político que amenaza con dejarlo fuera de la Corte. Una especulación es que por esa misma razón, “apremiado por las circunstancias”, el ministro se abstendría de firmar un fallo tan relevante. Otros aseguran, jugando con las palabras, que “apremiado por la esperanza” le daría el gusto al Gobierno. Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni, sostienen fuentes oficiales, también se sumarían, aunque reconocen sus dudas en el caso del penalista.