“Tal como se hizo el año pasado, el pago de jubilaciones, pensiones y aguinaldos se va a hacer antes de fin de año”, anunció Roberto Lavagna, sin gran estridencia. Así, el ministro confirmó lo anticipado 24 horas antes por el secretario de Hacienda, Carlos Mosse. La idea del Gobierno es realizar pagos del año próximo con partidas de este año, ya que el presupuesto del presente ejercicio va a finalizar con toda seguridad subejecutado, mientras que se acumularán compromisos de obras y prestaciones sociales para el próximo. Fronteras afuera, la señal es que el Gobierno sigue repartiendo el excedente fiscal sin tomar en cuenta la demanda de los acreedores de un pago a cuenta de la deuda a reestructurar.
Los jubilados con haberes hasta 400 pesos serán los primeros en pasar por ventanilla, ya que cobrarán a partir del 2 de diciembre y hasta el 16, de acuerdo con la terminación del documento de identidad (del 0 al 9, uno en cada día hábil). Los que ganan más de ese tope podrán retirar sus haberes de diciembre entre el 17 y el 23, según la última cifra del documento (0 y 1 el primer día, 8 y 9 el último). Los trabajadores estatales percibirán el medio aguinaldo el 21 de diciembre, mientras que los haberes del mes les serán acreditados entre el 3 y el 5 de enero siguientes.
Lavagna destacó que el adelanto del pago de aguinaldos y jubilaciones al mes de diciembre en dos años consecutivos “hacía mucho que no ocurría”. La medida beneficiará a aproximadamente 2,4 millones de jubilados y a aproximadamente 270 mil empleados de la administración pública nacional.
Entre los especialistas en presupuesto público y asesores de organismos oficiales se presumía, ayer, que la mayor parte de las provincias adoptará un criterio semejante al del Estado nacional, adelantando el pago del medio aguinaldo. “Los presupuestos provinciales tienen una situación similar a la de la administración nacional en cuanto a excedentes por aumento de ingresos y subejecución de partidas de gastos”, comentó a Página/12 Alejandro Suárez, del Centro de Estudios Bonaerense (CEB). “La subejecución es incluso más acentuada en algunas provincias, que ya dieron aumentos de sueldos durante el año y es de esperar que esta vez también sigan la misma estrategia del gobierno nacional”, agregó.
El analista del CEB explicó que una parte de los atrasos en la ejecución de presupuestos tiene que ver con obras públicas y suministros de insumos, ya sea porque los procesos licitatorios se retrasaron o porque a las administraciones públicas todavía les cuesta salir de la parálisis de los años anteriores. “Este tipo de gastos los tienen que previsionar para el año próximo, porque aunque sea con retraso van a tener que hacerse; entonces, es conveniente adelantar otros gastos ya presupuestados para el año próximo y dejar disponible esos excedentes”, describió Suárez.
“Hubo vaciamiento de proyectos en el sector público”, dijo refiriéndose al período 2001/2002. “Ahora empiezan a aparecer en distintas reparticiones, aunque cualquier compra de insumos tiene un período burocrático de no menos de 90 a 100 días para concretarse”, puntualizó. La reacción de los ingresos se anticipó a la entrada en funcionamiento de la obra pública, lo que produjo este período de excedentes fiscales en todas las administraciones públicas, según interpretó el especialista del CEB.
Desde otro plano, asesores y liquidadores de impuestos recibieron con alguna preocupación la novedad del anticipo de haberes. “En algunos casos, los de jubilados o estatales de altos ingresos, es como borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, advierten, en relación a que la suma de haberes a los ya percibidos durante el año 2004 puede hacer que algunos de ellos cambien de categoría en el impuesto a las ganancias y, por lo tanto, deban pagar más por las cuotas de anticipos del año próximo. Hace menos de dos semanas, a esos mismos contribuyentes se los “benefició” prorrogando al año próximo el vencimiento del anticipo de diciembre.
El impacto macroeconómico del adelanto de haberes jubilatorios y aguinaldos a nivel de la administración nacional no será significativo ya que, según los expertos, significará un movimiento intertemporal (de un mes o menos, en promedio) de algo más de 1000 millones de pesos. El impacto fiscal tampoco será trascedente, ya que se cubriría prácticamente con el superávit fiscal de un solo mes del año. La única duda que plantean los especialistas es “qué sucederá cuando el efecto del retardo en las obras actuales empiece a solaparse con las obras previstas para ese mismo período y, además, se susciten nuevos emprendimientos”. Pero ese será otro momento. Por ahora, Lavagna sigue regodeándose de sus logros.