Mientras el canciller Rafael Bielsa discutía ayer en España con su par Miguel Angel Moratinos las condiciones vigentes para las privatizadas, aquí continuaba el debate sobre el proyecto con media sanción del Senado, que impide a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios cortar el suministro a morosos sin una previa mediación. La iniciativa, muy irritante para las empresas, también dispone que éstas suspendan los cortes en trámite y efectúen reconexiones sin cargo. Aunque surgida desde el Parlamento, esta exigencia está muy emparentada con lo previsto en el marco regulatorio general que envió Planificación al Congreso, ahora sometido al eficaz lobby empresario.
El proyecto en cuestión fue presentado por el radical Mario Losada el 23 de junio del 2003, cuando el marco que giró Julio De Vido a los legisladores no existía ni como borrador. El 14 de abril de este año, la propuesta del senador misionero tuvo dictamen favorable de tres comisiones, con las firmas de parlamentarios de origen diverso, como el justicialista Eduardo Menem o a la frepasista Vilma Ibarra. Este derrotero exitoso terminó el miércoles en el recinto, cuando cuarenta y cinco legisladores le dieron el visto bueno para su media sanción.
El propósito fue corregir la presunta “irregularidad comercial” en que incurren las empresas que cortan el servicio luego de la segunda fecha de pago, si éste no se efectuó. Con la posible ley, antes de la intimación de corte la empresa debería convocar a una mediación para ofrecerle al moroso la posibilidad de explicar las razones de su atraso y ofrecerle un acuerdo para cancelar su deuda “en cuotas y sin punitorios”. Un antecedente bien podría ser la norma de la provincia de Buenos Aires que fuerza a las eléctricas bajo su órbita (Edea, Eden y Edes) brindar, aunque sea, un suministro mínimo a los usuarios con problemas económicos.
Desde la Cámara alta, los colaboradores de Losada ayer preveían que el proyecto podría conquistar el respaldo de Diputados, contrariando la pauta no escrita durante el último año y medio de que sólo prosperan las iniciativas enviadas por el Ejecutivo y no las que se gesten en el Congreso. Con el seguimiento estricto de representantes de las empresas, en aquella Cámara hoy se discute el proyecto de marco general para las privatizaciones, que también incluye amparos a los morosos.
La propuesta de De Vido consigna como una de las obligaciones del prestador “continuar brindando el servicio a todo usuario en caso de verificarse manifiesta incapacidad de pago de la factura respectiva y si la interrupción afectare las condiciones básicas esenciales para la subsistencia”. Otro inciso del mismo artículo ordena que “atento al principio de continuidad del servicio”, deben “abstenerse de interrumpirlo en forma total o parcial por ninguna causa, incluyendo mora o incumplimiento del Estado nacional”.
Estas restricciones, sin embargo, estarían siendo pulidas en las discusiones que periódicamente tienen los legisladores con representantes de las empresas públicas, asiduos visitantes de sus despachos. Tan así es que anoche en una privatizada descontaban que el impedimento para efectuar cortes sólo sería una imposición legal si prospera el proyecto Losada, ya que la redacción definitiva del marco general finalmente la excluiría. A este fin también sumaría el non paper con observaciones que los accionistas de origen español se comprometieron a enviar ayer luego de las conversaciones que habrían tenido con Bielsa en España.
Aun así, la media sanción del miércoles perturbó el ánimo privado. En principio porque da la pauta de que el Congreso amaga tomar un camino independiente. Y si finalmente el proyecto es ley, luego habría que despejar varias incógnitas, como quién y bajo qué condiciones tendría a su cargo la mediación, cómo se “compensaría” a las prestadoras por los costos administrativos de convocarla y cómo se resolvería el dilema de que las empresas tributan sobre lo devengado (facturado) y no sobre loefectivamente cobrado (lo percibido). “No pueden obligar a las empresas a hacer asistencia social”, concluía ayer el vocero de una empresa afectada.