El presidente Néstor Kirch-ner anunció que enviará al Congreso un proyecto para fijar por ley los criterios de distribución de la Cuota Hilton. En un acto realizado en la ciudad santafesina de San Lorenzo, criticó las maniobras que realizan los grandes frigoríficos exportadores ante el Poder Judicial. Para el jefe de Estado, una ley serviría para “terminar con la arbitrariedad” y lograr que el reparto “no quede en los caprichos de nadie”.
Frente a un grupo de obreros de la carne que le reclamaron una mayor cuota para Santa Fe en defensa de sus puestos de trabajo, el Presidente advirtió sobre la necesidad de “no caer en la trampa de los grandes grupos económicos” y tener claridad para “ver las tramas que hay en la Justicia para arrebatar” la cuota a quienes corresponde.
La Cuota Hilton consiste en un cupo de 28 mil toneladas para ingresar a la Unión Europea cortes vacunos de la más alta calidad con un menor arancel de importación. En lo que va del 2004, la tonelada de estos cortes alcanzó un promedio de 7300 dólares, un negocio global de alrededor de 200 millones de dólares. El dato de los últimos años es la creciente “judicialización” del reparto; es decir, la intervención del Poder Judicial en decisiones que son propias del Ejecutivo.
La conformación de la Unión Europea significó la imposición de una serie de barreras arancelarias y paraarancelarias. Para compensar las restricciones que afectaron a granos y oleaginosas argentinos, la UE decidió otorgar en 1987 una cuota para el ingreso de 5 mil toneladas de carne de alta calidad, pagando un arancel mucho menor. Este es el origen de la Cuota Hilton que ya en 1992 había ascendido a las 28 mil toneladas actuales.
La ventaja de exportar dentro de la cuota es que el arancel de importación es de 60 centavos de euro por kilogramo. Fuera del cupo, en cambio, alcanza 3,05 euros el kilo. Quienes acceden a una porción de la Hilton consiguen así un ahorro de alrededor de 2500 dólares por tonelada. En concreto, la distribución de la cuota supone el reparto de 70 millones de dólares.
El propietario de la cuota es el Estado argentino, situación que dio lugar a no pocas pujas con el sector privado. Las diferencias fueron resueltas según los vientos de época. En los ‘90, por ejemplo, sólo 5 empresas llegaron a repartirse alrededor del 50 por ciento de la cuota, en tanto que apenas diez cubrían el 75 por ciento del cupo. La clave para legitimar la concentración fueron los criterios establecidos por el Estado. Según sus críticos, estos parámetros fueron muchas veces pensados para favorecer a unas pocas firmas.
En el período 2003/2004, la cuota se repartió entre 48 empresas. Pero el dato relevante fue que cerca del 50 por ciento del cupo fue distribuido por decisión de jueces comerciales. Para la cuota 2004/2005, el reparto se produjo entre 68 empresas y la judicialización se redujo al 38 por ciento de la cuota, unas 10.800 toneladas. El secretario de Agricultura, Miguel Campos, llegó a hablar días atrás de recurrir al Consejo de la Magistratura para combatir la judicialización, con lo que dejó entrever probables anormalidades en los procesos judiciales.
No obstante, algunos criterios “democratizadores” lograron aumentar el número de empresas participantes. Entre ellos se destaca la reducción de la parte del cupo que se otorgaba por historial exportador, la asignación de 2 mil toneladas a las provincias según su stock ganadero, un volumen similar a los productores directos y otras 5 mil toneladas entre las plantas nuevas. Los exportadores tradicionales vieron así cómo su participación en la cuota se reducía a la mitad. El objetivo de una ley sería resolver la injerencia judicial y limitar, a través de reglas claras, las presiones de los grandes frigoríficos.