El objetivo es ambicioso: individualizar al medio millón de pequeños ahorristas que poseen bonos de la Argentina que dejaron de pagarse a fines de 2001. Ponerse en contacto con ellos no es nada fácil: los inversores se encuentran distribuidos por distintos países, la mayoría de Europa. Ni siquiera son los mismos que adquirieron los papeles cuando fueron lanzados los bonos. En rigor, ni siquiera se tratan de “papeles” sino de registros electrónicos que ahora hay que rescatar. Pero lo cierto es que el Gobierno depende del éxito de los “cazabonistas” –así se conoce en la city a las empresas especializadas en encontrar a los defolteados– para alcanzar un alto porcentaje de aceptación a la reestructuración de la deuda. Economía ya cerró trato con uno de estos “cazabonistas”. Mientras tanto, siguen las negociaciones con los inversores institucionales para sumar apoyos. Ayer continuaron con los bancos, que por ahora resisten el acuerdo.
Guillermo Nielsen cerró trato con una empresa “cazabonista” en su último viaje a Londres, la semana pasada. Se trata de una empresa estadounidense. Si bien en Economía harán el anuncio oficial en el transcurso de esta semana, fuentes de la city señalaron a este diario, en forma crítica, que la elegida no es una especialista en hallar bonistas sino accionistas de empresas. Y que, de confirmarse, se constituiría en una elección desfavorable porque es muy distinto el funcionamiento del mercado de acciones que el de bonos. No hay que olvidar que en esta reestructuración incluirá a 152 series de títulos.
El trabajo de la compañía seleccionada se dividiría en tres capítulos. El primero aparece como el más complicado y consiste en encontrar a cada inversor. La dificultad radica en que los títulos de deuda ya no están en poder de los mismos que los adquirieron al momento de la emisión original. Lo más probable es que hayan cambiado de manos más de una vez, en diversas operaciones de mercado.
La clave está en los registros electrónicos que quedan con cada operación. ¿Quiénes poseen esos registros? En los organismos reguladores de cada mercado figuran las identidades de los ahorristas. El problema es que, en el exterior, la gran mayoría se encuentra en cabeza de los inversores institucionales (bancos internacionales, fondos de inversión).
Es por ese motivo que, en una empresa dedicada a “cazar” bonistas, señalaron a Página/12 que una de las claves radica en que la elegida por el Gobierno tenga una amplia red de contactos entre los bancos e instituciones financieras de Wall Street y Europa.
La confidencialidad con que operan estas entidades es una de las principales trabas para conocer los datos de los inversores. Como tienen prohibido divulgarlos, la “cazabonista” y los bancos o fondos de inversión rubrican un acuerdo para que sean éstos los encargados de poner al tanto a sus clientes sobre la novedad. Funciona como si les vendiesen un servicio adicional. En este caso, la chance de sumarse al canje de deuda argentina. Una vez enterados, los inversores se ponen en contacto con la “cazabonista”.
En este punto empezará el segundo capítulo: pasar en limpio la oferta argentina al acreedor. Dependiendo de la calidad del servicio, a los acreedores les entregarán un resumen del prospecto con la oferta o bien recibirán la explicación de un abogado especialista en finanzas. Por último, la “cazabonista” será la encargada de recibir los correos electrónicos con las aceptaciones de los inversores, datos que transferirá a Economía.
Mientras toda esta maquinaria se pone en marcha, Roberto Lavagna intentará presentar esta semana la propuesta final a la comisión de valores estadounidense (SEC), para su aprobación. En el Palacio de Hacienda señalaron que el contenido, que incluirá detalles decisivos sobre la oferta, recién se conocería cuando lo aprueben en Estados Unidos. Para cuando eso suceda, el Gobierno quiere contar con el acuerdo de los inversores institucionales locales. Ya tiene a las AFJP. Les falta convenir con los bancos, las aseguradoras y los fondos comunes de inversión. Ayer se reanudó el diálogo. Pero como los bancos pretenden un trato especial para el Bono Patriótico, continúa la indefinición.