A través de documentos presentados a los legisladores que discuten el nuevo régimen general de servicios públicos propuesto por el Gobierno, las privatizadas del sector eléctrico y gasífero advirtieron que esta iniciativa “quita previsibilidad”, desanima inversiones, promueve la “judicialización excesiva de los conflictos” y, en función de ello, reivindicaron los marcos regulatorios vigentes. Las distribuidoras de electricidad pidieron directamente ser exceptuadas del futuro esquema legal, mientras que las gasíferas acusaron al Gobierno de vulnerar el “principio de derecho de propiedad”. Muchos de estos conceptos fueron también reproducidos en el documento que los inversores españoles le hicieron llegar a Planificación con ánimo de influir en el contenido de la futura ley o, mejor aún, abortarla.
Junto a otras firmas ibéricas como Gas Natural, Repsol YPF, Telefónica o Aguas de Barcelona, Endesa es una de las más activas protagonistas del lobby empresario en contra del polémico marco, que el propio gobierno está dispuesto a revisar. En un non paper que hizo llegar a los diputados involucrados en el debate, la principal accionista de Edesur cuestionó de modo muy contundente las pretendidas pautas para fijar el precio del servicio en un futuro: “No se establece con precisión un modelo tarifario que otorgue previsibilidad a la ecuación económica del contrato y al costo al usuario; y mucho menos propende a estimular las inversiones en construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones”.
La advertencia de la firma hispana está plasmada en un documento individual, pero reitera una protesta también contenida en otro que presentaron todas las distribuidoras agrupadas en Adeera. Edesur, Edenor y Edelap resisten la decisión de impedir que en el futuro, cualquier suba de costos sea trasladada a la tarifa final, prerrogativa que establecía el régimen vigente hasta la devaluación. En esta presentación colectiva las empresas reclaman que se mantengan los marcos sectoriales ya aprobados por ley, que resultaron “útiles y eficientes” para la prestación del servicio y sugieren ser exceptuadas de la nueva norma.
En este mismo texto, las distribuidoras se quejaron por la “intervención discrecional” del Estado –al que el marco otorga amplias potestades para definir los programas de inversión–, entendiendo que esto “aumentará el riesgo para las prestadoras”. Esa injerencia estatal las irrita tanto como la que podrían tener las asociaciones de usuarios en decisiones que definen la suerte de los contratos. “Los habilita a ser parte (...) lo cual excede” lo previsto en la Constitución, remarca el texto.
Según hicieron saber a los legisladores, estas prestadoras consideran un dislate que un funcionario resuelva “arbitrariamente” en qué tienen que invertir sin asumir ninguna responsabilidad por una eventual decisión equivocada. Esto y las potestades de los usuarios aumentarían mucho la “judicialización” de cualquier conflicto, alertan.
El otro papel en cuestión corresponde a las gasíferas, que eligieron advertir que el nuevo régimen regulatorio “no tiene en cuenta la necesidad de consolidar la seguridad jurídica”, al tiempo que entienden que “revoca los derechos otorgados por ley, en principio el derecho de propiedad”, al extremo de subordinar las renegociaciones actuales a esa futura ley.
Esta presión sobre el Parlamento también fue ejercida por las firmas hispanas sobre la comitiva de Planificación y sobre el canciller Rafael Bielsa, que recientemente visitaron Madrid. Entonces las empresas prometieron hacer llegar por escrito sus observaciones, algo que, en rigor, ya hicieron junto a empresas de otro origen y agrupadas por actividad. El esfuerzo empresario no es en vano. Tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, hay ánimo de pulir la redacción de la propuesta fogoneada por De Vido para buscar una fórmula que resulte menos irritante a los inversores.