Los bancos analizan consensuar una posición común luego de que la Corte Suprema declaró constitucional la pesificación. Esa medida habilita a las entidades financieras a reclamar la devolución de lo que pagaron de más por amparos respecto del 1,40 más CER, siempre y cuando las causas sigan abiertas. La intención de las asociaciones bancarias es dar una respuesta corporativa, que consistirá en el pedido al Gobierno de que los compense por los amparos liquidados. Hasta ahora, tanto el Poder Ejecutivo como el Banco Central rechazaron esa posibilidad. Los bancos argumentan que debe evitarse la reaparición de conflictos que lesionen la relación del sistema financiero con el público. Prefieren una solución política antes que confrontar con sus clientes, exigiéndoles que devuelvan lo que se llevaron de más de acuerdo con lo establecido por la pesificación.
La primera manifestación pública corrió por cuenta de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba). A través de un comunicado que lleva la firma de su presidente, Jorge Brito, consideró que el fallo de la Corte “termina con un período de incertidumbre y constituye un paso fundamental para avanzar en el proceso de reconstrucción nacional”. Luego afirma, en tono crítico hacia los jueces que concedieron amparos, que “el sacrificio de todos los sectores del país y, particularmente en el caso de los depositantes, fue agravado por la inequidad resultante de decisiones judiciales que hicieron que algunos quedaran excluidos del esfuerzo común”.
Brito esquivó una definición clara sobre cuál será la actitud de los bancos frente a sus clientes. Sólo deslizó que, “en un contexto tan complejo, las entidades financieras actuarán con suma responsabilidad, evitando la generación de nuevos factores de inestabilidad y analizando cuidadosamente las particularidades de cada caso”. Las otras dos cámaras bancarias –una agrupa a las entidades extranjeras y otra a las públicas y cooperativas– todavía no se pronunciaron. La mayoría de los bancos del sector privado están mirando al Banco Nación. En primer lugar, porque es uno de los que sufrió mayor drenaje por amparos. Pero, sobre todo, porque lo que haga el Nación será lo que ordene el Gobierno. Si el banco decide avanzar contra quienes retiraron dinero de más mediante una acción judicial, el resto tendrá más libertades para transitar ese camino.
Más allá de lo que vayan a hacer las entidades financieras, el otro tema trascendente que queda abierto es la falta de mayoría en la Corte para avalar la pesificación de los depósitos inferiores a 70.000 dólares. Tal como reveló ayer este diario, Raúl Zaffaroni confirmó que votará a favor de la dolarización de los plazos fijos de hasta aquel monto. De ese modo, el máximo tribunal ya no tendrá cinco jueces que apoyen la pesificación, pues el penalista era uno de los que firmó el fallo de anteayer. El Gobierno deberá esperar a que la Corte incorpore a sus dos nuevos miembros, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, para saber si alguno de ellos volverá a conformar la mayoría necesaria para dictar una sentencia.
Zaffaroni defendió su posición porque “atiende a las situaciones más dramáticas”. “Las personas que han depositado más dólares están en mejores condiciones de soportar el golpe”, agregó, y comentó que “aquel que tiene un millón y bueno... perderá 300 mil dólares, en esto tiene un poder de recuperación un poco mayor”. Junto a la redolarización de los depósitos de hasta 70.000, el juez dispuso que en los plazos fijos de hasta 140.000 deben pagarse en moneda extranjera los primeros 70.000. Más allá de esta posición puntual, Zaffaroni defendió la pesificación como una “resolución razonable”. “Cuando uno ve a un muerto lo justo es que no estuviera muerto, pero no puedo resucitarlo. Esto es más o menos parecido, es decir, lo justo dentro de lo posible, no hay otra solución, hay un estado de necesidad”, opinó.
La decisión de la Corte recibió apoyos y críticas repartidas. Eduardo Duhalde lo consideró “razonable”. Pero un argumento controvertido paradefender su posición: “Las Cortes son parte del Gobierno, como lo es el Poder Legislativo”, sentenció. El ex mandatario, quien impulsó la pesificación en enero de 2002, sugirió que así como era “lógico” que la Corte “menemista” avalara la política económica de ese entonces, también es natural una actitud similar a partir del cambio de Gobierno y de un nuevo “modelo productivo”. “Era bastante lógico que la Corte que era designada ‘menemista’ estuviera de acuerdo con el modelo económico instaurado en los años ’90”. Luego indicó que, “si ahora ha cambiado la Corte y cambió también el modelo económico –que antes era especulativo y rentístico–, me parece razonable que también la Corte cambie”.
Desde el centro hacia la derecha, las opiniones fueran lapidarias. Ricardo López Murphy señaló que el fallo de la Corte se ubica “en las antípodas de lo que deben ser las reglas de juego de la sociedad”. “Con el pronunciamiento de ayer, fueron fuertemente castigados quienes confiaron en el país”, dijo el ex economista de FIEL. Como si la debacle de 2001 no hubiese sido consecuencia de las políticas de los ’90, defendidas por López Murphy y otros dirigentes, varios de ellos cuestionaron a la Corte sin insinuar la menor autocrítica. Mauricio Macri sostuvo que el fallo “viola la seguridad jurídica” y “es un mal antecedente para la construcción del ahorro a futuro”. Finalmente, José Manuel de la Sota lo calificó como “muy controvertido” y consideró “lamentable” que los ahorristas que depositaron “con buena fe sean perjudicados”, mientras los bancos resultan “beneficiados”.