En su condición de accionista minoritario, el Estado impugnó judicialmente ayer el balance de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio 2003, a semejanza de lo que había hecho con los del año anterior. La empresa, dirigida por los españoles de Marsans y Air Comet, juzgó “incongruente” la decisión oficial y se la atribuyó a los problemas que esa firma mantiene con el ex dirigente gremial y actual subsecretario de Política Aerocomercial, Ricardo Cirielli.
En realidad, la presentación estatal estuvo a cargo de la Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, que fundó su negativa a aprobar el balance en que “se seguían detectando anomalías”, así como en la necesidad de analizar si ellas produjeron algún “perjuicio para los activos de nuestra línea de bandera”, según hizo saber esa dependencia en un comunicado.
El trámite se formalizó ante el juzgado 15, secretaría 29, a cargo de Norma Di Noto, la misma magistrada que entiende en el concurso de acreedores de la sociedad, en la que el Estado tiene un 1,3 por ciento de acciones. En ella se incluyó una reserva de derechos para querellas a los principales directos de la compañía por mal desempeño en el cargo y anomalías en la confección de sus estados contables.
El vocero de ARSA advirtió ayer que la impugnación no afecta el plan de negocios y la consideró “incongruente”, ya que no habría tenido lugar “cuando perdía 500 millones de dólares al año y sí ahora que la compañía tiene un óptimo nivel operativo”. Su sospecha es que está inspirada en la presunta inquina de Cirielli, al que la compañía privatizada querelló por incumplimientos en los deberes de funcionario público.